El equipo legal de Reznik emitió un comunicado en la tarde de este 19 de febrero afirmando que "ambos se han visto involucrados en una investigación judicial que no tiene ninguna vinculación con ellos".
"No existe ninguna prueba que demuestre la relación ilícita entre el Sr. Reznik o la Sra. Gindin con miembros de organización criminal alguna", prosigue el comunicado.
Aunque la Audiencia Nacional tiene documentada actividad criminal relativa a 27 personas, solo 18 personas se sentaron en el banquillo de los acusados, ya que el resto se encuentra en busca y captura.
Entre las personas huidas destaca el presunto líder de la organización, Gennadios Petrov, que según la Fiscalía utilizaba la influencia de Reznik "para que personas afines a la organización subordinada a aquél puedan ocupar puestos decisivos en la Administración rusa".
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Del mismo modo, el escrito de acusación relata que Reznik servía “conscientemente” de vehículo para el afloramiento y blanqueo del "dinero derivado de la actividad criminal del Sr. Petrov".
En opinión de los abogados de Reznik, el parlamentario y su mujer "se han visto afectados por un proceso lleno de inseguridades y falto de pruebas consistentes, que ha perjudicado el desarrollo normal de sus vidas tanto en el ámbito público como en el privado".
"Confiamos en que los tribunales entiendan, después de todos estos meses, que no hay ninguna prueba que les vincule con actividad criminal alguna y les declare inocentes", concluye el comunicado.
Este 19 de febrero, en la jornada inaugural del juicio, el Tribunal leyó ante los acusados la calificación penal que la Fiscalía hace de los hechos que se les atribuyen.
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El Ministerio Público solicita para 16 de los 18 acusados —entre ellos Reznik y su esposa— penas de cinco años y medio de cárcel y una multa de 100 millones de euros por delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.
Del mismo modo, la Fiscalía solicitó una pena menor para el acusado Leonid Khazine, al percibir como un atenuante por su continua disposición a colaborar con la Justicia, lo que redujo la petición a un año y siete meses de cárcel con multa de 26.000 euros.