Para el líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), Guilherme Boulos, la medida es "grave" porque la violencia no se soluciona militarizando más, y porque se demostró que la estrategia de guerra a las drogas implementada en las últimas décadas fracasó.
"El Ejército está entrenado para combatir en territorios enemigos. ¿Cuáles son? ¿las favelas? ¿las comunidades?", se preguntó de forma retórica a través de un vídeo difundido en sus redes sociales.
Además del impacto que los militares pueden tener en las favelas, Boulos advirtió del precedente que crea este tipo de intervención en términos democráticos.
"Es una señal muy peligrosa que puede vaciar aún más lo que quedó de democracia en nuestro país; crear la idea de que los militares lo resuelven todo puede llevar a caminos muy sombríos, ya vimos esa película antes y no terminó bien", subrayó.
Igual que Boulos, cree que se intensificará la violencia contra la población de las favelas: "Habrá más jóvenes negros asesinados y los abusos de las Fuerzas Armadas serán juzgados por la Justicia Militar, cuyos tribunales están compuestos por otros militares", recordó.
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El temor a que la intervención militar sirva para encubrir todo tipo de abusos se extiende entre los líderes comunitarios y vecinos de las favelas, como constata un artículo publicado por André Fernandes, uno de los fundadores del medio local Agencia de Noticias de las Favelas.
"La población más pobre, desgraciadamente es la que más sufre; si las favelas ya vivían en los últimos tiempos prácticamente en un estado de excepción la situación puede volverse mucho peor", aventuró.
Con la decisión de este 16 de febrero, el Gobierno Temer coloca al mando de la seguridad pública en el estado de Río de Janeiro al general del Ejército Walter Souza Braga Netto.
Al menos hasta el 31 de diciembre de este año, este militar tendrá los poderes sobre la Policía Militar, la Policía Civil, los Bomberos y el sistema penitenciario.
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Río de Janeiro vive desde hace meses una situación crítica en materia de seguridad pública, asumida por el propio Gobierno estadual, que está en bancarrota desde junio de 2016.
Durante los días de Carnaval, se produjo un aumento notable de robos y fueron asesinados tres agentes de la Policía Militar, lo que precipitó la decisión del Gobierno Temer, tomada la noche del 15 de febrero en una reunión de urgencia en Brasilia.
