"Lamentamos profundamente la renuncia de Jiménez; su presencia en el país en los últimos meses, cuando presentaba los casos en los que estaba trabajando la Maccih, estaba llenando de esperanza Honduras, esperanza en que realmente en algún momento la clase corrupta que ha gobernado el país iba a pagar si cometía actos ilícitos", indicó Zepeda, líder del movimiento ciudadano de los indignados, que encabezó protestas anticorrupción en 2015.
Tras un escrutinio especial, el Tribunal Supremo Electoral proclamó finalmente ganador el 17 de diciembre al actual presidente Juan Orlando Hernández, candidato del Partido Nacional.
"Es penosa su renuncia en estos momentos en los que el país ha perdido la democracia, la única esperanza de Honduras se ha perdido en un momento muy desesperante", insistió el también miembro del Partido Liberal de Honduras.
"Sería necesario fortalecer el funcionamiento de la Maccih dado que a pesar de haber tenido recursos y plena libertad de acción por parte de la Secretaría General no ha sido capaz de arrojar los resultados en cuanto a investigaciones y procesamientos por casos de corrupción que hubiéramos deseado y que le debemos al pueblo de Honduras", indicó Almagro en su carta que envió al mandatario sin comunicárselo a Jiménez Mayor.
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"La intención de la visita era hacer de su conocimiento los avances en las investigaciones y procesos de los casos (…), las presiones y amenazas que estaba recibiendo con motivo de ellos, la necesidad de contar con autonomía administrativa y los recursos material y humanos necesarios para realizar nuestro trabajo", indicó Jiménez Mayor en su carta.
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Su renuncia también se produce después de que en enero la Maccih denunciara un "pacto de impunidad" entre el Congreso y la justicia para frenar investigaciones a funcionarios acusados de corrupción.
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A partir de esa reforma, la Corte Suprema de Justicia decidió el pasado 24 de enero archivar el caso Red de Diputados, que investiga a más de 60 legisladores y exlegisladores por corrupción, incluyendo al propio presidente del Congreso y a otros funcionarios que fueron acusados en 2017 por la Maccih y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic).
La Maccih, que comenzó a operar en febrero de 2016, tiene un mandato de cuatro años, lo que dura el convenio firmado entre la OEA y el Gobierno de Honduras, y su funcionamiento se financia con aportes de la comunidad internacional.
Cualquiera de las dos partes puede darle fin con un preaviso de 60 días.