"Esta iniciativa de ley contiene vicios de inconstitucionalidad y violenta algunos tratados suscritos por Honduras en materia de libertad de expresión, particularmente la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos porque impide a la ciudadanía poder expresarse a través de las redes sociales", dijo a esta agencia el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez.
El proyecto de ley presentado por el diputado Marcos Paz, del gobernante Partido Nacional (derecha), establece que se restringirán expresiones de odio, intimidación y otro tipo de amenazas que se dan en redes sociales.
Si un página web transmite, por ejemplo, contenidos que han sido denunciados como ofensivos por un usuario, la comisión de ciberseguridad "puede solicitar a ese sitio web que en 24 horas baje esa información, y en caso de que no lo haga, podrá ser multado", aclaró el periodista.
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Las multas van desde 50.000 a un millón de lempiras (desde unos 2.100 a 42.500 dólares), "y con el consiguiente cierre y bloqueo del sitio web", añadió.
"Tal y como está planteada la ley, creemos que violenta la libertad de expresión de la ciudadanía y genera un régimen de censura previa para sitios de contenido noticioso que transmiten su información a través de Internet", dijo Rodríguez, quien sin embargo asegura que no se oponen a que exista un cierto control sobre lo que se publica en redes.
"Pero no estamos de acuerdo que bajo el paraguas de las campañas de odio y amenazas se pretenda restringir el derecho de la ciudadanía a expresarse ", insistió Rodríguez.
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En esos mismos términos se expresó el presidente de la Asociación de Prensa Hondureña (APH), Carlos Ortiz, quien considera que la iniciativa de ley "no blinda la libertad de expresión".
"En el Código Penal [hondureño] ya hay sanciones establecidas cuando se comenten este tipo de ilícitos, por eso es importante que en la ley se blinde el tema de la libertad de expresión", dijo Ortiz a esta agencia, si bien indicó que "la apología del odio o la incitación a la violencia no tienen cabida en las redes sociales".
Tras las inquietudes planteadas por ambas organizaciones de periodistas y por colectivos de derechos humanos, entre otros, el Congreso decidió el 13 de febrero posponer la discusión de la Ley de Estrategia de Ciberseguridad Nacional y Prevención de Campañas de Odio y Discriminación en Redes Sociales, con el objetivo de lograr un consenso amplio entre diferentes sectores.
Rivera también añadió que el objetivo del proyecto de ley es "regular la mentira, las cuentas falsas y la clonación de cuentas".
En ese sentido, Rodríguez confió en que ahora el Congreso analice mejor esta iniciativa, teniendo en cuenta a todos los sectores de la sociedad.
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El 13 de febrero ambas organizaciones de prensa se reunieron con la comisión de dictamen del Congreso hondureño y ahí solicitaron que también se pida la opinión de la relatoría de Naciones Unidas para la libertad de expresión y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
