"El resultado [de la primera vuelta de los comicios] demuestra que ninguno de los partidos que participó en la contienda tiene mayoría; los partidos tienen que lograr necesariamente acuerdos, tienen que sentarse a negociar", dijo a esta agencia la politóloga costarricense Argentina Artavia.
Si bien el candidato evangélico Fabricio Alvarado, del conservador Partido Restauración Nacional, logró el 24,7% de los votos, y eso "le sirve para tener una buena representación en la Asamblea Legislativa, no cuenta con una mayoría importante para imponer temas de agenda", añadió Artavia, investigadora en el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica.
Esas dos formaciones políticas, que se enfrentarán en segunda vuelta el próximo 1 de abril, "buscan adhesiones de otras agrupaciones y con la particularidad de que el tema de la familia sigue siendo importante", dijo por su parte el consultor político Daniel Calvo.
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El experto hizo referencia a que la campaña estuvo marcada por el fallo que emitió en enero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el que ordenó a sus países miembros que reconozcan derechos plenos a las parejas del mismo sexo y que permitan el cambio de identidad sexual en los registros.
"Se podrían esperar adhesiones en cuanto a temas con ese eje central [la familia], pero estamos observando que está habiendo conversaciones donde no necesariamente se vayan a hacer alianzas siguiendo la lógica, temáticas u ideologías", indicó a esta agencia.
La opinión consultiva de la Corte IDH es de acatamiento obligatorio para Costa Rica, y el actual Gobierno de Luis Guillermo Solís dijo que así procedería, generando una gran polémica entre los sectores conservadores, que se oponen, y quienes celebran la medida porque consideran que ayuda a combatir la discriminación que sufren las personas LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersexuales).
Con una población de mayoría católica y conservadora, en Costa Rica cerca de un 60% se muestra a favor de mantener la confesionalidad del Estado, mientras que un 70% está en desacuerdo con matrimonio igualitario y un 65% desaprueba el aborto en casos de violencia sexual, explicó.
"Fabricio Alvarado encontró en esos temas un buen target para poder catapultar su mensaje", indicó la investigadora, quien deseó que el voto en este país centroamericano "fuera más racional y no tan emocional".
"Las iglesias evangélicas no llegan cada cuatro años, en función de una campaña electoral, están ahí, trabajando en el terreno" con esos sectores más empobrecidos, explicó.
Si bien la docente considera que un posible Gobierno de Fabricio Alvarado no supondría retroceder en materia de derechos humanos, advirtió que "sí podría haber una pausa".
"Suprimir derechos es complicado porque para derogar o aprobar una ley se necesitan mayorías y [el candidato evangélico] no las tiene, pero la agenda de derechos humanos no tendría un puesto relevante en la discusión legislativa", en caso de que ese postulante alcanzara la presidencia, apuntó.
Por otro lado, Calvo recordó que al mismo tiempo que Fabricio Alvarado se opone a la decisión de la Corte IDH sobre el matrimonio igualitario, fue otro fallo de ese mismo organismo el que permite a personas como él, "que no han finalizado sus estudios en comunicación o periodismo", ejercer la profesión sin necesidad de título.
En cuanto al candidato oficialista, Carlos Alvarado, se le reconoce la valentía de admitir los errores del Gobierno y se valora su experiencia, pues fue ministro de Trabajo y logró sentar en la misma mesa a trabajadores y empresarios para lograr acuerdos.
Sin embargo, "no deja de ser un representante del Gobierno y se ha especulado con que podría dar continuidad a una cantidad importante de los ministros y eso despierta un sinsabor", concluyó Calvo.
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Alrededor de 3,3 millones de personas están llamadas a votar el próximo 1 de abril, e independientemente de quién sea el ganador, algunos de los retos a los que se enfrentará es lograr una reducción del déficit fiscal, generar empleo y reducir la pobreza.