Corte IDH analiza demanda contra Estado de Guatemala por masacre indígena de 1995

"Es un hecho comprobado que ocurrió la masacre ese 5 de octubre de 1995, en lo que hay duda es por qué no continuó la investigación, por qué no ha habido un proceso de reparación para las víctimas (…) además, hay posibles responsables que están prófugos", indicó durante la audiencia pública el representante de las víctimas, Maynor Estuardo Alvarado, de la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo.

En esa fecha, miembros de las Fuerzas Armadas de Guatemala habrían perpetrado una masacre en contra de 11 indígenas que ocupaban la finca Xaman, en el departamento de Alta Verapaz (norte), hechos en los que tres personas murieron y otras 26 resultaron heridas, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Anteriormente, esas mismas personas se habían visto obligadas a huir a México, donde permanecieron 12 años, como consecuencia de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno que se prolongó en Guatemala durante 36 años (1960-1996).

"Huyeron de la muerte y regresaron a encontrarla; las condiciones en México eran mejores, pero pudo más el arraigo a su tierra y por eso decidieron volver a la comunidad" en Guatemala, explicó Alvarado, quien añadió que las víctimas llevan más de 20 años pidiendo una reparación digna.

Las autoridades judiciales guatemaltecas condenaron a 14 militares por estos hechos, si bien la CIDH constató tiempo atrás que "a lo largo del proceso hubo deficiencias e irregularidades que constituyeron violaciones del deber de investigar con la debida diligencia y en un plazo razonable".

"El Estado guatemalteco no pudo frenar estos ataques y hubo un claro abuso de la fuerza" por parte del Ejército, añadió Alvarado, quien sostuvo que no se trató de una acción aislada.

Por su parte, el representante del Estado guatemalteco Felipe Sánchez aseguró que a lo largo de los últimos años un total de 33 casos de víctimas "fueron resarcidos económicamente", y recordó que del 5 al 8 de octubre se rinde homenaje a las víctimas del conflicto armado interno y que para esa conmemoración, añadió, "se les apoya con materiales como velas, cohetes, banderas y alimentación".

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Además, el Estado también ha llevado a cabo una "reparación psicosocial", aunque Sánchez admitió que hace falta reforzar esa atención para los familiares de las víctimas.

Sánchez, director ejecutivo de la comisión presidencial coordinadora de la política del Ejecutivo en materia de derechos humanos, aseguró en la audiencia que se ha tratado de hacer esfuerzos para buscar una solución de carácter amistosa, si bien "los acercamientos no han llegado a una conclusión", añadió.

En ese sentido, Alvarado respondió que el Programa Nacional de Resarcimiento dirigido a las víctimas del conflicto armado interno no se ha ocupado de quienes sufrieron la masacre ocurrida en octubre de 1995.

"No han recibido tratamiento psicológico a través de este programa ni ayuda económica; [tampoco recibieron] ni velas ni pelotas para ninguna conmemoración", dijo Alvarado.

Al ser consultado por las razones que motivaron a las Fuerzas Armadas a comenzar esa masacre, Sánchez dijo que se debió a un mal manejo de la situación por parte del responsable de la patrulla y a que "los ánimos estaban caldeados" en la comunidad indígena.

"En esa confusión sucedió la masacre", sostuvo el representante del Estado.

La Corte IDH concluyó la audiencia instando a las parte a que el 10 de marzo presenten los alegatos finales.