"Estoy sufriendo una campaña difamatoria que busca impedir que tome posesión en el Ministerio de Trabajo; pido, respetuosamente a la jueza Carmen Lúcia que juzgue lo más rápidamente esta cuestión, basada en la existencia de dos demandas laborales que tuve en el pasado", expresó la diputada del Partido Laborista Brasileño en un comunicado.
El Gobierno recurrió en instancias superiores y, tras un tira y afloje judicial, la magistrada Antunes suspendió cautelarmente el nombramiento, que ahora depende de una decisión del plenario del Supremo, máximo órgano judicial en Brasil.
En los últimos días, la prensa local también apuntó que en 2014 la diputada amenazó a unos funcionarios del ayuntamiento de Río de Janeiro, alertándoles que si no la votaban perderían su empleo.
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Otras informaciones la vinculan con líderes del narcotráfico, a los que habría pedido ayuda para conseguir votos.
La diputada niega todas las acusaciones, mientras que el Gobierno insiste en que ella debe ser ministra y que no pedirán un nombre alternativo a su partido, según dijo el ministro de la Secretaría de Gobierno, Carlos Marun.