Algo más de 13 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas para pronunciarse sobre siete preguntas: cinco de referéndum (cambios a la Constitución) y dos de consulta popular (reformas a leyes menores).
Asimismo, serán consultados sobre la posibilidad de derogar la ley de plusvalía y disminuir el área de explotación petrolera en el parque Yasuní, una de las zonas ecológicas más sensibles del país, aunque estas preguntas reformarán únicamente leyes menores y no la Constitución.
La consulta será observada por la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A–WEB, por sus siglas en inglés), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
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En el referéndum ya votaron el 1 de febrero las personas privadas de la libertad, y los adultos mayores y con discapacidad física mediante el programa Voto en Casa impulsado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).