La centenaria lucha de la mujer por la igualdad

El 6 de febrero se celebran 100 años de la aprobación de la ley que otorgó el voto a las mujeres mayores de 30 años en Gran Bretaña. Conocidas como "suffragettes", las inglesas que lucharon por el voto femenino hicieron visible un reclamo hasta ese entonces opacado: el de mujeres que querían acceder a una educación extensa y sólida como la de los varones, profesionalizarse y ocupar cargos que les eran vedados, tener propiedad, ser custodias de sus hijos, votar y ser votadas.

Elizabeth Dean, una de las "suffragettes", explicó a la BBC en 1978, con 92 años, que cada una tenía sus propios intereses, pero que al final del día todas peleaban por lo mismo: un trato más justo.

Del otro lado del Atlántico, en el Sur, el movimiento por el voto femenino también estaba instaurado. Sin embargo, recién en 1932 Uruguay reconoció el derecho al voto sin restricciones.

Le siguieron Brasil y Cuba en 1934, República Dominicana en 1942, Jamaica en 1944, Panamá en 1946, Argentina y Venezuela en 1947, Chile y Costa Rica en 1949, Bolivia en 1952, México en 1953, Colombia en 1954, Honduras, Nicaragua y Perú en 1955, Paraguay en 1961 y Ecuador en 1967 (en 1929 había aprobado la primera ley que permitió votar a las mujeres, pero sólo a las alfabetas).

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Niki Johnson, coordinadora del Área Política, Género y Diversidad del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República de Uruguay, explicó a Sputnik que el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en el mundo fue fruto de su lucha.

"Fue una conquista de las mujeres organizadas, aunque obviamente dependían de generar alianzas y apoyos políticos con los partidos gobernantes para lograr que se aprobaran las leyes en los parlamentos, que en ese momento estaban únicamente integrados por varones", aseguró Johnson.

Después de ese período sufragista (1929 —1961) se entró en uno de estancamiento; menguó el movimiento y las mujeres empezaron a tener una presencia "esporádica y puntual" en la política. Recién a partir de la década de 1990 se constatan avances sostenidos y se establecen medidas de promoción de la participación política de las mujeres.

La presencia de mujeres en los espacios de poder fue modificada por la política de cuotas, que estipula que las listas de candidatos estén conformadas por personas de ambos sexos.

Los porcentajes difieren según el país, pero en la última década varios han optado por fortalecer su legislación implementando leyes paritarias. En 2007 en Ecuador se elaboró el Consenso de Quito, donde varios países acordaron adoptar medidas que conduzcan a la paridad.

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​En 2008, Ecuador y Bolivia aprobaron leyes imponiendo que el 50 % de los candidatos sean mujeres, le siguieron Costa Rica (2009), Honduras, Nicaragua y Panamá (2012), México (2014) y Argentina (2017). Este nuevo período, que se consagró en 2015 con la aprobación de la Norma marco para consolidar la democracia paritaria, es denominado por las Naciones Unidas como de igualdad sustantiva.

Seguimos en falta

A pesar de que las mujeres representan la mitad de la población todavía se está muy lejos de acceder a la mitad de los cargos de poder. Ni en los gobiernos, sindicatos o empresas se ha logrado paridad. Tampoco en la mayoría de los parlamentos: en América Latina sólo Bolivia tiene más mujeres que hombres en sus bancas (53,1%); ocupa el segundo lugar en el mundo, después de Rwanda (61,3%).

Hoy solo Chile tiene una presidenta mujer, pero en marzo cambia el mando y vuelve a gobernar un hombre (Sebastián Piñera). En 2018 hay elecciones en Paraguay, Brasil, Costa Rica, Colombia, México; los resultados determinarán cómo se configura el escenario político femenino.  

Magdalena Furtado, oficial nacional de ONU Mujeres en Uruguay, considera que estamos ante un "retroceso". "Hay 190 Estados y sólo una veintena de jefas de Estado. En su momento América Latina tuvo cinco, y ahora pareciera que volvimos a empezar", dijo a Sputnik.

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"Creo que tiene que ver con muchos cambios y problemas que está enfrentando la región en términos de la calidad de la democracia y sus gobiernos, desde la corrupción hasta los avances del conservadurismo", explicó.

La senadora y presidenta del Partido Socialista del Frente Amplio de Uruguay, Mónica Xavier, aseguró que "hay que partir de la base que las mujeres participan en política decididamente y tienen una capacitación promedio superior a la de los varones, o sea que la no existencia de más mujeres en política y en cargos de responsabilidad no se debe a falta de participación o voluntad, se debe al patriarcado".

Johnson, del Instituto de Ciencia Política, considera que "se sigue viendo el ejercicio del derecho político de los hombres como un sine qua non del estatus ciudadano, mientras que para las mujeres es algo que se permite pero no es fundamental para su estatus como integrantes de la nación".

Carmen Echauri, oficial nacional de ONU Mujeres en Paraguay, advierte que "las mujeres no son reconocidas socialmente por el imaginario colectivo como portadoras del derecho a ser electas".

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Sputnik también contactó a Line Bareiro, abogada y politóloga feminista paraguaya, quien aseguró que el panorama actual es "muy complejo": "Nunca estuvimos tan bien en términos de presencia y de posibilidad de ser elegidas y de elección, pero a medida que vamos entrando al Estado, nos vamos encontrando con situaciones que dificultan enormemente nuestra permanencia".

Bareiro considera que "los elementos patriarcales del Estado y la cultura política en el ejercicio del poder son los que terminan expulsando a las mujeres". Bareiro y Echauri, consideran que "hacen falta más estudios sobre porqué cuesta que las mujeres permanezcan en el poder político".

Para Lilián Celiberti, coordinadora de la organización uruguaya Cotidiano Mujer y co-coordinadora de la Articulación Feminista Mercosur, cuando se habla de derechos políticos se habla de cómo se ejercen las relaciones de poder: "no se cortan con la tijera de los derechos. Quien tiene más poder impone las reglas de juego".

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Justamente por ello considera que el funcionamiento de los partidos "es un obstáculo". "Muchas veces se resuelve qué se hace entre caudillos, entre quienes tienen más peso, y eso no garantiza una mayor presencia activa de mujeres, de los jóvenes, de las mujeres transexuales, de las personas con discapacidad".

En nuestras democracias "tenemos un problema de representatividad significativa porque hay sectores de la sociedad que no ingresan a las esferas de poder", afirmó Celiberti.

Las expertas coinciden en que, además de las dificultades estructurales, la ley de cuotas se aplica en todos los países de "forma minimalista".

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Un ejemplo es Uruguay, que aprobó una ley de cuotas para las elecciones de 2014 que establecía que en una terna de candidatos deben estar representados ambos sexos. Sin embargo, ONU Mujeres Uruguay hizo un estudio en el que constató que en el 75% de las listas las mujeres ocupaban el tercer lugar, y que la cantidad de mujeres que ocuparon el primer lugar es significativamente inferior a la de mujeres en el total de las listas. En otras palabras, la ley se convirtió en barrera.

Otros obstáculos señalados por Echauri, de ONU Mujeres Paraguay, tiene que ver con el acceso a los medios de comunicación y la posibilidad de generar "opinión pública favorable". Otra dificultad es "el financiamiento de las acciones políticas de las mujeres en las campañas electorales". "Las mujeres en general tienen menos recursos, menos patrimonio, y menos apoyo que los hombres para sus candidaturas", aseguró.

Uno de los problemas más graves y "difíciles de abordar" que señalaron Bareiro y Echauri "es el acoso y violencia política" que se da en los parlamentos y esferas políticas.