El Gobierno chileno pidió al director de la Policía militarizada, Bruno Villalobos, que volviera de sus vacaciones por un supuesto montaje de pruebas del organismo que dirige contra comuneros mapuches.
La fuerza de seguridad en cuestión entregó a la justicia supuestos mensajes de whatsapp y telegram en donde los comuneros mapuches coordinaban acciones violentas. Debido a estas pruebas los hombres fueron apresados de forma preventiva. El 25 de enero la Fiscalía cerró esa causa por manipulación de evidencias y abrió otra contra la fuerza de seguridad.
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"Carabineros inició una investigación contra los comuneros mapuches y el 20 de enero entregó un expediente a la Fiscalía. Allí enumeraba una serie de atentados supuestamente cometidos por estos hombres y prevenía de la organización de uno nuevo. Con este informe la Fiscalia decidió actuar. Tres días después detuvieron a los mapuches en un operativo muy mediático", explicó el periodista de radio Bio Bio.
Pero a medida que avanzaba la causa, la Fiscalía comenzó a tener dudas sobre la investigación de Carabineros y solicitó más pruebas. La fuerza de seguridad alegó que actuó al amparo de la Ley de Inteligencia y se negó a entregar la información.
"Ahí se da un quiebre y surge la sospecha de que hay un montaje. La Fiscalía realizó pericias sobre los teléfonos que Carabineros incautó a los mapuches cuando los detuvo y los resultados de las pruebas determinaron que todas las conversaciones que supuestamente habían tenido los miembros de la comunidad para orquestar el atentado eran montajes ocurridos al momento en que las fuerzas policiales obtuvieron los celulares", señaló Jara. A partir de entonces la Fiscalía comenzó una investigación penal contra la unidad de inteligencia de Carabineros y cerró la causa Huracán contra los mapuches.
