A partir de la ley aprobada por unanimidad en el Senado en abril de 2017, la nueva fiscalía será "un órgano con autonomía técnica y operativa encargada de iniciar, dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones relacionadas con los delitos de tortura", dice el comunicado.
La medida publicada en el Diario Oficial establece las atribuciones del nuevo organismo, de "atender e informar a los familiares de víctimas, personas legitimadas y autorizadas, del curso, avances y resultados de investigaciones realizadas".
La fiscalía podrá requerir o coordinar a las unidades administrativas de la institución, instancias del sector público y privado, "que brinden atención médica, psicológica y jurídica".
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Para el desarrollo de sus funciones, requerirá a las áreas de "investigación policial, tecnológica, científica y pericial de la Procuraduría, su colaboración y apoyo para la investigación y persecución de los delitos materia de su competencia".
La ley promulgada el año pasado por el presidente Enrique Peña Nieto, tras varios años de debates legislativos, establece que "la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se encuentran prohibidos de manera estricta, completa, incondicional e imperativa".
A partir de esa ley dejó de ser válida cualquier declaración o prueba "cuyo origen tenga un acto de tortura, abuso, o trato cruel o inhumano", y por primera vez ordena encarcelar a policías que incurran en abuso de poder injustificado.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió durante 2017 más de 4.400 denuncias de torturas o tratos degradantes.