"Esas elecciones van a ser ilegítimas, sus resultados no van a ser reconocidos, y el Gobierno (venezolano) necesita ejecutar una reformas electorales significativas que permitan unas elecciones verdaderamente libres, justas, transparentes y creíbles bajo la observación internacional", afirmó un funcionario de esa dependencia según una transcripción con declaraciones a la prensa.
Según este funcionario, que solicitó no ser identificado, la reciente convocatoria a elecciones realizada por el Gobierno de Venezuela mientras se están desarrollando negociaciones con la oposición, "socavan" estas conversaciones, así como "la habilidad de los ciudadanos venezolanos de participar significativamente en el abordaje de las múltiples crisis que ha causado el régimen de Maduro".
Desde el Departamento de Estado afirmaron que Washington continuará apelando a los mecanismos diplomáticos para ejercer presión contra el Gobierno de Venezuela y que no se descarta aplicar nuevas sanciones.
El Grupo de Lima, conformado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, fue creado en agosto pasado en la capital peruana para denunciar la "ruptura" del orden democrático en Venezuela.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a principios de este mes a cuatro funcionarios venezolanos, alegando corrupción o responsabilidad en actos de represión.
También aparece entre los sancionados el general de la Guardia Nacional Bolivariana, Fabio Zavarse Pabón.
El propio Maduro y su vicepresidente, Tarek El Aissami, ya figuraban en la lista de sanciones de EEUU, desde 2017.
El pasado 25 de agosto la Casa Blanca aprobó un paquete de sanciones que impiden, entre otras cosas, al Gobierno venezolano y a su principal industria, Petróleos de Venezuela, transar con los bonos de su deuda.
Esa decisión del Gobierno de Estados Unidos se tomó tras la instalación de la Asamblea Constituyente, creada en el mes de agosto para redactar una nueva Constitución y poner fin a las protestas contra el Gobierno que se registraron entre abril y julio de 2017, las cuales dejaron 124 muertos.
