"El Consejo de Estado no ve fundamentos para impugnar la candidatura de Carles Puigdemont", adelanta la Cadena SER.
Según la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, el estatus jurídico actual de Carles Puigdemont "es incompatible con su comparecencia en la cámara ya que pesa sobre él una orden de detención que se debe hacer efectiva".
El órgano consultivo, que se reunió de urgencia tras la solicitud del Gobierno, considera que los informes del Ejecutivo giran en torno a escenarios hipotéticos que aún no se produjeron, por lo que recuerda que no es posible interponer recursos a título preventivo.
El presidente catalán cesado cuenta con el aval de todos los partidos independentistas y fue el candidato de la fuerza independentista más votada en las pasadas elecciones del 21 de diciembre.
Sin embargo, Puigdemont se encuentra en Bélgica, país al que llegó huyendo de la persecución de las autoridades españolas, después de que los tribunales españoles abrieran una investigación en su contra por alentar desde su cargo un movimiento de "insurrección activa" con el objetivo de proclamar la independencia de Cataluña.
Esta opción es rechazada por todas las fuerzas no independentistas del Parlamento de Cataluña, así como por los servicios jurídicos de la cámara –cuyo pronunciamiento al respecto no tiene valor legal– y por el Gobierno de España.
El informe de los servicios jurídicos de la cámara cuestiona la posibilidad de una investidura telemática o delegada al considerar "imprescindible" que el candidato se encuentre en sede parlamentaria.
Otra de las opciones de las que dispone Puigdemont pasa por entregarse a las autoridades españolas, escenario en el que, según algunas interpretaciones jurídicas, el juez debería permitir al líder independentistas su participación en el debate de investidura, previsto para el 30 de enero.