"No soy libre: he salido de prisión, no tengo pasaporte, me tengo que presentar cada semana al juzgado de guardia y tengo la libertad de expresión limitada", sostiene Rull en una entrevista para el semanario El Temps.
"Algunas de las reflexiones que hago están limitadas por este hecho", añade Rull, quien confiesa tener que meditar "extraordinariamente" sus respuestas al entrevistador.
Más aquí: Cataluña: huidos, presos y candidatos
En la entrevista, el diputado de JxCat destaca su compromiso con la hoja de ruta independentista y cree que el objetivo de la presente legislatura es "ensanchar la base para hacer posible el paso hacia la configuración de la república".
Se trataría, continúa, "de construir los elementos que permitan reforzar la estructura institucional de Cataluña", algo que se puede conseguir "a través de la normalidad institucional y una buena acción de gobierno".
"Ahora podemos elaborar una hoja de ruta más operativa" que "nos libera de determinados planteamientos de plazos imposibles o determinada gesticulación estéril", precisa Rull.
Según el político catalán, su paso por la Generalitat de Catalunya (Ejecutivo autonómico) le permitió comprobar "las oportunidades que pierde este país por el hecho de no ser una República".
"Con una Cataluña independiente podríamos generar más prosperidad", afirma el exconsejero al agregar que no quiere que sus hijos "vivan en un Estado donde por defender tus ideas puedas ir a prisión".
"Nos han querido humillar y no han podido", asegura.
Cuatro puntos para entender el futuro de Cataluña https://t.co/3oCw2VQ8G0
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 31 октября 2017 г.
El 1 de octubre de 2017 la Generalitat de Catalunya organizó un referéndum de autodeterminación.
La consulta fue unilateral, ya que el Gobierno de España se negó a aceptar un referendo pactado.
Un 92% de los votantes, más de dos millones de participantes, se manifestó a favor de la independencia de Cataluña.
La Generalitat de Catalunya y el Parlamento catalán consideraron los resultados vinculantes y la cámara catalana declaró la independencia el 27 de octubre.
La declaración no tuvo efecto ni reconocimiento internacional, y el Gobierno de España activó el artículo 155 de la Constitución española, que permite la intervención de una administración autonómica por parte del Ejecutivo central.
