"La legitimidad de Moreno fue cuestionada desde el inicio por la forma como se dio el proceso eleccionario, no porque haya habido fraude, sino por la división que había en el país; hay un bloqueo de una parte de la ciudadanía que el presidente está tratando de evitar", señaló Fuentes, catedrático de la Universidad de las Américas (UDLA).
El mandatario, continuó, tomó esta decisión "para acomodar su nuevo espacio de poder (…), repartir de nuevo las cartas y plantear otras discusiones, otros esquemas y poder gobernar desde ahí".
Por el momento Moreno lo ha logrado, pues sus aliados así como los partidos políticos de oposición se han pronunciado a favor de la consulta como una respuesta para deslindarse de los diez años del Gobierno de Correa, quien ahora es el mayor crítico de la convocatoria.
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Pero para la exsecretaria ejecutiva del partido gobernante Alianza País, Gabriela Rivadeneira, esto tiene su razón, pues "la consulta popular es una consulta tramposa, mañosa e inconstitucional", indicó a esta agencia.
En eso ha insistido también Correa al señalar que "por primera vez en la historia del Ecuador una consulta que reforma la Constitución pasa sin control constitucional, lo cual es gravísimo", dijo al tiempo de manifestar que el único interés de la consulta es dejarlo sin la posibilidad de reelegirse como presidente de la nación, pues la segunda pregunta que plantea es la derogación de la reelección indefinida.
Recurso constitucional
Sin embargo, desde el Gobierno consideran que eso no es cierto, pues el llamado a consulta es "un recurso constitucional que también se usó en el Gobierno del presidente Correa", explicó a Sputnik el secretario de Gestión de la Política, Miguel Carvajal, al recordar que el exmandatario llamó a un plebiscito hace seis años en similares condiciones, aunque el tema era más local y no nacional.
Por ello, el jefe de Estado decidió enviar dos decretos ejecutivos para pedir que el Consejo Nacional Electoral realice la convocatoria oficial.
"Todos los constitucionalistas, abogados del país… incluyendo los de oposición están de acuerdo con que la vía escogida es la adecuada, dado que la Corte no se pronunció en los plazos previstos", apuntó el también exlegislador oficialista.
En eso coincide Fuentes al reconocer que el presidente "sí tiene la facultad de convocar a consulta popular" y que "el problema fue que la Corte tenía un plazo" que debía cumplirse, por lo que su silencio fue una manera de "aceptar tácitamente que la consulta se dé".
El funcionario afirma que la aspiración del Gobierno es "continuar con una política que pone énfasis en el desarrollo económico pero también en la equidad social, en la igualdad en la inversión con los sectores sociales más vulnerables", algo que se encausará con la consulta.
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"Vamos a ir corrigiendo los errores que han cometido antes y los que seguramente estamos cometiendo, y que seguiremos cometiendo, porque es de humanos equivocarse, pero tendremos siempre las antenas abiertas, las escuchas abiertas para que nos sugieran los correctivos o nos adviertan de los problemas", concluyó el ministro.
La primera consultará a la ciudadanía si está de acuerdo con que se enmiende la Constitución "para que sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes".
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La segunda interrogante, en cambio, plantea eliminar la posibilidad de reelección indefinida, lo que impediría que Correa vuelva a postularse a la magistratura, mientras que la tercera interrogante se refiere a la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana, encargado de elegir a las principales autoridades de control del país.
La sexta inquietud plantea derogar la Ley de Plusvalía y la séptima incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní, una de las zonas con mayor biodiversidad del país.
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Según el último sondeo de la encuestadora Cedatos, el 50% de los consultados afirma que votará Sí en todas las preguntas planteadas en la consulta, en la que están llamados a votar 13 millones de ecuatorianos.
