"Adoptaremos las decisiones que sean necesarias para que la investidura de Puigdemont no se produzca", afirmó Sáenz de Santamaría en una entrevista en la COPE.
En su opinión, el informe de los letrados del Parlamento catalán es "muy claro", y "no contempla" una investidura telemática.
"Puigdemont no puede ser presidente y él lo sabe, no se puede ser presidente desde las Bahamas", indicó, irónicamente, en referencia a su actual residencia en Bruselas.
Preguntada por una eventual vuelta de Puigdemont a Cataluña para ser investido, la vicepresidenta recordó que "tiene una orden de fuga y captura y las fuerzas de seguridad del Estado hacen muy bien su trabajo".
Una vez constituido el Parlamento catalán, las formaciones tendrá hasta finales de este mes para intentar formar Gobierno, con un plazo prorrogable que si no se cumple, abocará la situación a unas nuevas elecciones.
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El propio expresidente de la Generalitat de Cataluña (Ejecutivo catalán), Carles Puigdemont, criticó duramente unas declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría.
"Hablan de la composición del Parlamento de Cataluña y son incapaces de utilizar términos políticos: su militarismo institucionalizado ha arruinado el concepto más básico de la política, la democracia y el estado de derecho", escribió Puigdemont en su cuenta de Twitter.
Parlen de la composició del @parlament_cat i són incapaços d'utilitzar termes polítics. El seu militarisme institucionalitzat ha arruïnat el concepte més bàsic de la política, la democràcia i l'estat de dret. I com van demostrar l'#1Oct, és un atac directe als drets humans pic.twitter.com/MZX72lk151
— Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 18 января 2018 г.
Adjuntó al mensaje una captura de pantalla con las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno de España sobre las negociaciones para que su partido, el PP, pueda formar grupo parlamentario en la cámara catalana.
"Es contraproducente porque cuantos más soldados seamos en la defensa de la Constitución más ganaremos todos", dijo Sáenz de Santamaría.
El 1 de octubre de 2017 la Generalitat de Catalunya organizó un referéndum de autodeterminación.
Un 92% de los votantes, más de dos millones de participantes, se manifestó a favor de la independencia de Cataluña.
La jornada electoral estuvo marcada por la dureza de la respuesta policial, que clausuró colegios, incautó papeletas y dispersó a las personas que trataban de proteger los puntos de votación.
La Generalitat de Catalunya y el Parlamento catalán consideraron los resultados vinculantes y la cámara catalana declaró la independencia el 27 de octubre.
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La declaración no tuvo efecto ni reconocimiento internacional y el Gobierno de España activó el artículo 155 de la Constitución española —que permite la intervención de una administración autonómica por parte del Ejecutivo central—, además los tribunales españoles iniciaron procesos judiciales contra los organizadores del 1-O.