En octubre de 2017, se reabrió el juicio a Efraín Ríos Montt, que estuvo en el poder entre 1982 y 1983, y que había sido condenado a 80 años de cárcel en 2013 por genocidio y crímenes contra la humanidad. Si bien la sentencia fue una muestra de justicia, poco después fue anulada por la Corte Constitucional del país. En estos meses se conocerá la suerte del ex general, que seguramente no irá a la cárcel por su estado de salud.
"Es un ejemplo muy paradójico desde el punto de vista de anulación de una sentencia, porque nunca se anuló por cuestiones de fondo. Nunca se puso en tela de juicio la relación que había entre la prueba y la acusación de genocidio. Este vínculo que es el corazón de cualquier proceso penal en el mundo queda intacto. La sentencia se anula por cuestiones de procedimiento. Eso muestra cómo opera el sistema de Justicia en el país", indicó Mónica Mazariegos, abogada y doctora en Derechos Humanos.
Más cerca en el tiempo, en marzo de 2017, el incendio en un hogar de niños, situado a 22 kilómetros de la capital guatemalteca, provocó el fallecimiento de 41 adolescentes.
Morales es un humorista sin experiencia política, que fue electo en 2016 con un discurso anti corrupción y con la esperanza de un cambio, luego de que su antecesor, Otto Pérez, renunciara por denuncias de fraude. Pero esta promesa no se cumplió. El cuidado de los derechos humanos se sigue viendo opacado por una trama de corrupción que acapara al poder político, las fuerzas militares y los grupos económicos.
"Tenemos un presidente que a pesar de ser civil está muy vinculado a las mafias, a estructuras que se han infiltrado dentro del Ejército. Que no solo han estado vinculadas a violaciones de derechos humanos en el pasado reciente, sino que están involucradas en contrabando, narcotráfico, y cualquier actividad ilícita. (…) Eso hace que el presidente no tenga en su discurso, ni en su práctica, referencia, ni nada que tenga que ver en derechos humanos", señaló Mario Polanco, activista de la organización Grupo de Apoyo Mutuo.
