"México seguirá trabajando, haciendo nuestros mejores esfuerzos diplomáticos para promover una solución en el caso de la crisis venezolana", dijo el canciller Luis Videgaray en el marco de la reunión anual del cuerpo diplomático mexicano.
Videgaray dijo ante la XXIX Reunión de Embajadores y Cónsules, a la que asistieron diputados y senadores encargados de vigilar la política exterior, que el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha participado en ese proceso "desde el principio de este periodo de enorme deterioro de las condiciones políticas en Venezuela".
Vía diplomática
El canciller señaló que para los países firmantes de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos (OEA), "la democracia representativa debe ser la única forma de gobierno que prevalezca en América Latina y lo hacemos siempre por la vía diplomática y únicamente por la vía diplomática".
Precisó además que la participación mexicana seguirá siendo a través de la OEA o a través del Grupo de Lima, creado exprofeso por un grupo de naciones del continente para tratar la crisis venezolana.
"Lo hacemos de buena fe, lo hacemos porque creemos que es solamente a través de la negociación política, directamente entre los venezolanos, atendiendo a los principios básicos de nuestra política exterior de no intervención y la libre autodeterminación de los pueblos en que deberá lograrse una solución", enfatizó en un discurso el titular de la secretaría federal de Relaciones Exteriores.
Lea también: Lavrov: el Gobierno y la oposición de Venezuela llegarán a un acuerdo si nadie interfiere
La solución al problema venezolano "no solamente refiere al deterioro de las instituciones democráticas, sino también una profunda crisis económica y social", expresó el canciller.
El Ejecutivo venezolano y la oposición participan desde el pasado mes de septiembre en una mesa de negociación en la cual se debaten las garantías electorales y levantamiento de sanciones extranjeras, entre otros temas.
El pasado 25 de agosto el Gobierno de EEUU aprobó sanciones que impiden al Gobierno venezolano y a su principal empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) hacer negocios con los bonos de su deuda.
La decisión del Gobierno estadounidense de Donald Trump fue tomada tras la instalación en Venezuela de la oficialista Asamblea Constituyente, creada en agosto de 2017 para redactar una nueva Constitución, que ha asumido poderes plenipotenciarios, incluidos las competencias legislativos que correspondían a la Asamblea Nacional, cuya mayoría ganó en 2015 la oposición política.
