"Los dos ataques armados ocurridos el domingo (7 de enero) fueron contra policías comunitarios, en una zona de resistencia a la construcción de la presa La Parota, el primero con la incursión de gente armada durante una fiesta popular y horas después con policías y militares", en una zona rural de Acapulco, dijo Ferrer, portavoz del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero "Tlachinollan" (nombre náhuatl de ese antiguo territorio indígena).
Los atacantes son señalados por la comunidad como vinculados a empresarios extractores de gravilla del cercano río Papagayo.
Los policías comunitarios del municipio están organizados desde hace cuatro años en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), para proteger a los líderes de esa zona y a sus familias, "que se oponen a la construcción de una presa desde hace una década", dijo el defensor humanitario.
Después del primer tiroteo, alrededor de las 10:00 de la mañana hora local (16:00 GMT), el Gobierno del sureño estado de Guerrero montó un operativo con más de 100 uniformados de fuerzas combinadas de seguridad, agentes ministeriales, policías estatales y soldados, para levantar los cuerpos e iniciar las investigaciones.
"Un helicóptero sobrevolaba el lugar, cuando hacia el mediodía del domingo (7 de enero) un policía del estado de Guerrero accionó su arma y desató un nuevo tiroteo, en el que murieron tres policías comunitarios más", denunció Ferrer.
Un conflicto antiguo
La cifra de 11 personas muertas en el municipio Cacahuatepec, zona rural de Acapulco y cerca del río Papagayo, fue confirmado por el Grupo de Coordinación Guerrero que articula a las fuerzas policiales y militares.
En la segunda balacera, en la que participaron cuerpos de seguridad estatales y federales, "fueron detenidos e incomunicados más de 30 policías comunitarios", añadió.
Ferrer dijo que la comunidad denunció el cateo de las casas de todos los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), "ejecutados sin ninguna orden legal expedida por autoridad competente".
Entre los detenidos por las fuerzas policiales están el líder comunitario Marco Antonio Suástegui Muñoz y su hermano Vicente Suástegui Muñoz, quienes fueron trasladados a los cuarteles policiales de Acapulco.
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El ataque ocurrió una semana después de que el 31 de diciembre "fuera detenido un sujeto que portaba tres identificaciones distintas, quien declaró ante la prensa que fue enviado a matar a Suástegui", dijo Ferrer a esta agencia.
Un grupo de nueve periodistas fueron agredidos cuando cubrían la segunda refriega, al mediodía del 7 de enero, "entre ellos Bernardino Hernández, corresponsal en Guerrero de la agencia Cuarto Oscuro, la revista Proceso y la agencia AP en Guerrero, que recibió amenazas de muerte y le fue confiscado su equipo", dijo Ferrer.
La policía comunitaria de la CRAC tomó protesta en abril de 2017, aunque los ejercicios de su formación datan de 2014.
Esa comunidad sufrió otro ataque armado el 10 de junio de 2017, perpetrado por un grupo de autodefensas rivales y en el que murieron tres mujeres, un hombre adulto, un joven de 17 años y un bebé de cuatro meses.
En aquella ocasión la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero reportó también que dos menores de edad, de 8 y 11 años, y un bebé de un año, resultaron heridos.
