Se trata de la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rovira; el expresidente catalán Artur Mas; la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, las diputadas y portavoces de la CUP Mireia Boya y Anna Gabriel y la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras.
Llarena toma esta decisión después de analizar el informe de la Guardia Civil que señala a los nuevos imputados como quienes "diseñaron, orientaron, dirigieron y controlaron la implementación de sus planes para la creación de un estado soberano y quienes movilizaron los recursos humanos y materiales para ello".
En ese informe se relaciona a los integrantes del Comité Estratégico, un órgano creado para controlar el desarrollo del proceso soberanista.
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Según el juez, todas estas personas aparecen identificadas como participantes de algunas de las reuniones que supuestamente sirvieron para "idear y pergeñar el proceso de ruptura que se investiga".
La imputación se produce el día después de las elecciones en las que las fuerzas independentistas consiguen mantener su mayoría absoluta.