El Congreso Nacional de Argentina fue el epicentro de una jornada tensa, a raíz del tratamiento en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley para modificar el sistema con el que se reajustan las pensiones que reciben los jubilados. Los disturbios y la represión policial en las inmediaciones del Parlamento provocaron la suspensión de la sesión.
¿Por qué genera tanta polémica?
Hasta ahora, la movilidad jubilatoria se realizaba de manera semestral, en marzo y septiembre, y estaba compuesta en un 50% por la evolución de los salarios y otro 50% por el nivel de recaudación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El nuevo parámetro que aspira fijar el Gobierno se basa un 70% en función de la inflación y otro 30% en relación a un índice medio de salarios del sector público.
De acuerdo con el titular del estudio Alejandro Bianchini y Asociados, en marzo, cuando se haría el cambio de fórmula si se aprobase la ley, va a "arrancar en pérdida en cuanto al valor real". Con la actual fórmula, el estipendio subiría casi un 14,5%, mientras que bajo el método nuevo lo haría en un 5,7%, en un contexto de una notoria suba de precios.
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A criterio de Bianchini, lo que más indignación causó en los beneficiarios es que el Gobierno comunicó la reforma para justificar un ahorro de 100.000 millones de pesos en 2018 (unos 5.735 millones de dólares), porque significa que esa cantidad la están perdiendo los jubilados.
"Son siempre los mismos los que en épocas de crisis terminan pagando el pato de la boda: la clase media y los jubilados, nunca la política", dijo el contador.
"En marzo de 2018 le van a dar a los jubilados la inflación de julio, agosto y septiembre de 2017. Es un verdadero despropósito, porque tal cual está planteada la reforma, los jubilados llegarían a finales de 2018 teniendo haberes inferiores a los que tenían en diciembre de 2015", dijo el economista.
Esta situación es preocupante cuando "la mayor parte" de la población pasiva tiene un ingreso "que no equivale ni al 40% de lo que necesitan para vivir". Actualmente, buena parte de los jubilados reciben entre 7.246 y 8.000 pesos (415 — 458 dólares), cifra lejana a los más de 17.000 (974 dólares) que la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires considera necesaria para cubrir todos los gastos que requiere un pensionado.
Un sistema desfinanciado
Argentina ya pasó por la experiencia de la reducción de los aportes de los empresarios al sistema de pensiones durante el gobierno de Carlos Menem, de manos del ministro Domingo Cavallo en 1993. En aquel entonces, se rebajó la contribución en un 50%.
"La reforma tributaria incluye el capítulo de reducir las contribuciones patronales, uno de los mecanismos principales dentro del sistema previsional. (…) Proponen rebajar en cinco años un 60%, quitándole al sistema aproximadamente 200.000 millones de pesos (11.470 millones de dólares)", dijo Lozano.
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Aquí entra en la ecuación la reforma laboral, pues se toma esta medida bajo la excusa de "reducir los costos de contratación de los trabajadores". Para el economista, "todo va en el mismo sentido", impulsado por un Gobierno que recorta en el pago de jubilaciones "para tratar de compensar en parte el desequilibrio brutal de las cuentas públicas".
"Ese desequilibrio no se va a solucionar nunca, porque el Gobierno viene financiándolo con endeudamiento a tasas de interés realmente importantes. El resultado es que los intereses que paga por deuda y que son parte del gasto público crecen todos los días cada vez más", explicó Lozano.
Más personas, más pensiones, pocas soluciones
Bianchini indicó que parte del problema de sustentabilidad del sistema previsional es la incorporación de mucha gente a la cobertura social cuando no tenían aportes al sistema. Por eso, aunque consideró que para la viabilidad del sistema previsional se deben tomar medidas, la manera en la que se impulsaron no fue la correcta.
"Para que el sistema sea solvente se debe tener tres aportantes en actividad que solventen a un pasivo. Hoy tenemos 1,2. Hay un gran grado de informalidad en la economía, un 35% de gente que trabaja en negro y además aumentó considerablemente la masa de jubilados", explicó.
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— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 17 de junio de 2016
Del mismo modo, Lozano coincidió que el sistema debe ser modificado de manera "profunda" y puso como ejemplo maneras alternativas de financiamiento existentes en otras partes del mundo. El país, dijo, puede discutir cómo utilizar la renta gasífera o sojera, siguiendo el ejemplo de los países escandinavos, que aprovechan las utilidades del petróleo para apuntalar sus erogaciones previsionales.
