Según Tusk, "la cuestión de las cuotas obligatorias se convirtió en un fuerte factor de división, el enfoque llamó demasiado la atención en vista de sus consecuencias sobre el terreno, y en ese aspecto resultó inefectiva".
Uno de los principales críticos, el comisario de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, aseguró que el documento de Tusk es "inaceptable y antieuropeo", pues se empeña en ignorar la labor realizada por la UE en esa esfera en los últimos tres años.
"Sin solidaridad, Europa no puede existir", aseguró Avramopoulos, citado por el periódico Politico, quien sostiene que las medidas propuestas por Tusk atentan contra la solidaridad y "minan" sus pilares.
El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, aseguró por su parte que está completamente en contra de la declaración de Tusk de que el traslado de migrantes resultó poco efectivo.
Los países europeos mantienen opiniones divergentes sobre el sistema de reubicación de los refugiados.
La edición del Reglamento de Dublin aprobada en 2013 estipula que en caso de que un migrante cruce la frontera de manera ilegal, el país de entrada es el responsable de tramitar su solicitud de asilo, o el Estado en el que haya vivido durante cinco meses antes de presentar la solicitud o en el último país donde se encuentre.
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En caso de que no tenga permiso de residencia en el país donde se encuentra o su solicitud de asilo sea rechazada, el refugiado es enviado al país de origen.
El 22 de septiembre de 2015 la UE tomó la decisión que obligaba a sus integrantes a acoger a 120.000 refugiados que llegaron a Grecia e Italia, a pesar de que Hungría, Rumanía y Eslovaquia votaron en contra de aprobarla.
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La nota de Tusk, según sus críticos, atenta contra la reubicación de refugiados en los países de la UE de acuerdo con su PIB, y da la razón a los países que rechazan esas cuotas.