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Expresidenta argentina apela su procesamiento por encubrimiento de ataque a la AMIA

© REUTERS / Marcos BrindicciRetrato de Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina
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BUENOS AIRES (Sputnik) — La expresidenta y senadora argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) apeló el procesamiento y la prisión preventiva con pedido de desafuero que dictó en su contra el juez federal Claudio Bonadío por supuesto encubrimiento de funcionarios iraníes acusados del atentado a la mutual judía AMIA de 1994.

"La defensa de la exmandataria apeló el procesamiento resuelto por Bonadío", informaron a Sputnik fuentes judiciales.

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Fernández recurrió ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional la resolución de Bonadío, que también impuso un embargo de 50 millones de pesos (2,85 millones de dólares) a la exjefa de Estado por impulsar durante su gestión un memorándum de entendimiento con Irán para avanzar en la investigación del atentado.

El magistrado pidió la retirada de fueros parlamentarios y la inmediata detención de la senadora por el riesgo de que pudiera "entorpecer el accionar judicial, así como el descubrimiento de la verdad y la posibilidad de que se cumpla una sentencia condenatoria".

El exministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, también procesado con prisión domiciliaria en la causa, apeló asimismo este miércoles al tribunal de segunda instancia su encausamiento, después de que Bonadío rechazara excarcelarlo.

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En el marco de este proceso, el mismo día que Bonadío dictó el procesamiento de Fernández fueron detenidos el secretario legal y técnico durante su Gobierno, Carlos Zannini, el dirigente sindical Luis D`Elía y el dirigente de la comunidad islámica Jorge "Yussuf" Khalil.

El juez procesó además sin prisión preventiva al exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, al diputado Andrés Larroque y a la exprocuradora del Tesoro, Angelina Abbona, además de prohibirles su salida del país.

Entendimiento

La exmandataria debió prestar declaración indagatoria el pasado 26 de octubre, como indagada por encubrir a funcionarios iraníes acusados por la justicia argentina de planificar del atentado contra la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), en el que fallecieron 86 personas.

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El instrumento a través del cual trató supuestamente de proteger a los funcionarios iraníes, según el juez Bonadío, fue el Memorándum de Entendimiento firmado en 2013 entre el Gobierno de Fernández de y el del entonces presidente de Irán, Mahmud Ahmadinejad.

Ese documento, que no llegó a entrar en vigor porque no fue ratificado por el parlamento iraní, fue declarado inconstitucional por la justicia de Argentina.

El fiscal Alberto Nisman, quien entre 2005 y 2015 tuvo a su cargo la pesquisa del ataque, fue quien dio origen a esta causa a partir de una denuncia que presentó cuatro días antes de aparecer muerto en su vivienda de Buenos Aires, el 18 de enero de 2015.

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En esa denuncia Nisman acusó a Fernández de Kirchner de "encubrimiento" y "traición a la patria".

El juez federal Daniel Rafecas había rechazado en 2016 investigar la querella del fiscal, desestimación que fue confirmada hasta en dos instancias posteriores por la Cámara Federal y por la Cámara de Casación, la máxima autoridad del fuero penal.

A finales de diciembre del año pasado, después de que apelara una de las organizaciones judías más importantes del país, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, el mismo alto tribunal decidió reactivar la denuncia.

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