"Ésta es una de las ministeriales que más lejos han puesto a la sociedad civil", dijo la presidenta de esta organización sin fines de lucro que promueve el software libre y la libre difusión del conocimiento y la cultura.
Para las agrupaciones civiles que participan en la conferencia es muy difícil incidir en las negociaciones que tienen lugar desde el domingo y este miércoles en la capital argentina, en primer lugar porque se encuentran en lugares distintos, reconoció Busaniche.
Las delegaciones del sector gubernamental y privado se reúnen en el Hotel Hilton, situado en el norte de la ciudad de Buenos Aires, mientras las organizaciones no gubernamentales fueron confinadas al Centro Cultural Kirchner, a un kilómetro y medio de distancia.
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Las organizaciones civiles apenas pueden acceder al vestíbulo del hotel, "y ahí podemos acercarnos a ciertas delegaciones, pero en general las posibilidades de incidir están acotadas a los contactos preexistentes que cada persona tenga con las respectivas comitivas", explicó la presidenta de Vía Libre.
Asimismo "es la primera vez en la historia que se rechaza el ingreso de 65 representantes de una veintena de organizaciones acreditadas por la OMC, y que se deporta preventivamente a dos de ellas", Busaniche en alusión al activista noruego Peter Titland, deportado a Brasil y finalmente admitido tras una gestión del Gobierno de su país, y a la periodista Sally Burch, directora ejecutiva de la Agencia Latinoamericana de Información, enviada de regreso a Ecuador.
"Hay una posición clara del Gobierno argentino de mantener a la sociedad civil lo más afuera posible para limitar su capacidad de participar en las conversaciones", afirmó la representante de Vía Libre, una entidad con 17 años de antigüedad que forma parte de la red Nuestro Mundo No Está en Venta (OWINFS, por sus siglas en inglés) que integran 250 organizaciones no gubernamentales.
Comercio electrónico bajo lupa
Vía Libre investiga dos asuntos que están sobre la mesa de la OMC: la propiedad intelectual y los intentos de flexibilizar la protección de la privacidad de personas y aumentar el libre flujo y la circulación de datos dentro del comercio electrónico.
En este último asunto "se tiene la vocación de darle visibilidad y un mandato negociador para futuras rondas de negociación", alertó la activista.
"Al contrario de lo que se está promocionando, el comercio electrónico es un tema que implica cuestiones vinculadas con las regulaciones del mundo de lo digital y de los negocios de internet más que con cualquier capacidad que tenga el comercio electrónico para ser un instrumento para el desarrollo", reflexionó.
Uno de los grupos que tratan de influir en las conversaciones de la conferencia ministerial es el de los Amigos del Comercio Electrónico para el Desarrollo, que ya participó en un seminario con la Cámara de Comercio Internacional y con el sector privado para avanzar en este sentido.
"Es uno de los temas más conflictivos en todas las negociaciones comerciales, lo ha sido en las conversaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, y tiene que ver con bajar los estándares de la protección de datos personales para que las empresas puedan poner a circular esta información, ir a sus casas matrices y monetizarla", detalló Busaniche.
La revista The Economist llegó a denominar el control de los datos como el petróleo del siglo XXI, recordó la presidenta de Vía Libre.
En el marco de la OMC se intenta "buscar regulaciones más flexibles y menos proteccionistas a fin de fomentar los negocios", aseguró.
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En esta misma dirección quiere avanzar el presidente Macri, que ya tiene entre sus proyectos cambiar la Ley de Protección de Datos Personales para adecuarla a este contexto.
"Hay cuestiones a nivel nacional de regulación, de seguridad pública, que conciernen a cada país, por lo que no debería haber un organismo supranacional como la OMC que haga un mandato en este sentido, salvo para proteger a las personas, dado que caso contrario, se impone una reducción de la capacidades de cada Estado y de la soberanía de cada país", advirtió Busaniche.
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Las organizaciones civiles también intentan recuperar otras cuestiones que se discutieron en la Ronda de Doha en 2001, cuando se reclamó el derecho de los países de desarrollo a tener moratorias para la aplicación de algunas de las cláusulas, por ejemplo, las vinculadas a la propiedad intelectual.
