"Ese conteo del TSE va a ayudar a que se resuelva esta crisis; es comprensible la indignación popular, ya que hay una sensación de que se hizo trampa, de que hubo fraude, y lo cierto es que hasta ahora no ha habido una prueba concluyente de que no fue así", señaló el responsable de NIMD, que tiene como objetivo fortalecer la democracia en Honduras y otros países.
Casi dos semanas después de que se celebraran los comicios generales, Honduras sigue sin saber quién será su presidente durante los próximos cuatro años, lo que ha provocado denuncias de fraude y protestas.
En opinión de Calix, no solo quien alega fraude debe probarlo, sino que el TSE tiene la obligación de demostrar que su procedimiento fue correcto.
"Tenemos un sistema muy vulnerable y débil que se presta a que haya manipulación en las mesas (electorales), a que haya dudas en la elaboración y sumas de actas, pero no me atrevería a decir que hubo fraude", aclaró.
"Si no hay consistencia entre los datos de las actas con el resultado que tiene el TSE en su sistema y que está divulgando, entonces se deben contar esos votos y demostrar que en esa acta hubo una irregularidad y que por tanto se puede anular parcial o totalmente la elección", agregó Calix.
Situación inédita
El abogado recordó que esta es la primera vez que el país vive una situación electoral de este tipo desde que en 1980 se produjera la restauración democrática, pues los partidos políticos "nunca antes habían pedido contar todas las actas, cuestionado resultados e impugnado acta por acta".
"Por primera vez la gente no acepta las explicaciones solo porque las dice o niega alguien, sino que está pidiendo a cada actor político que presente evidencia y los observadores también están invitando a que los partidos presenten pruebas de cualquier irregularidad", indicó.
Esa indignación ciudadana, continuó, es un despertar, pues el país necesita reformas, más diálogo entre los actores políticos para que haya más transparencia, respeto a la ley y a los valores democráticos.
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Asimismo, aseguró, la actual ley electoral, que entró en vigor en 2004, no se ha adaptado a la nueva realidad político-partidaria del país, "que no solo está conformada por nuevas fuerzas, sino por una población para la cual la transparencia es más importante que nunca", añadió.
Diversos problemas
La indignación de la ciudadanía se produjo debido a las irregularidades que se dieron el 26 de noviembre, ya que cuando se llevaban escrutadas 57% de las mesas electorales, el candidato opositor Salvador Nasralla tenía una ventaja de cinco puntos sobre el actual presidente, Juan Orlando Hernández, pero tras anunciar un fallo en el sistema, el TSE dijo que el mandatario había revertido la tendencia en su contra y superaba por unos pocos miles de votos a su contrincante.
Muestra de ello es que en el simulacro que se realizó en días previos a la elección solo se logró transmitir el 71%, dijo.
"Era necesario esperar el ingreso de datos hasta el final y ya con el 100% de datos se podía dar un ganador", explicó Calix, quien criticó que en el país exista una tradición "interesada" que siempre fue declarar lo más pronto posible un ganador.
Otro elemento que añadió incertidumbre fue que la empresa encargada de transmitir los datos cambiara tan solo seis meses antes de la elección.
Más de seis millones de hondureños fueron convocados a votar el 26 de noviembre para elegir al presidente, a tres vicepresidentes, 128 diputados y suplentes, 298 alcaldes y 20 miembros del Parlamento Centroamericano.
