La fiscalía informó de esta acción civil por improbidad administrativa en un comunicado donde también acusa a otras seis personas de "manipulación de precios de los combustibles como instrumento para controlar la inflación" entre 2013 y 2014.
Entre los denunciados que formaban parte del Consejo de Administración de Petrobras también está su expresidenta Graça Foster, nombrada durante el Gobierno de Rousseff.
"En realidad actuaban según la orientación del Gobierno federal, que intentaba frenar la inflación de cara a las elecciones presidenciales de 2014", destacaron los fiscales Claudio Gheventer, Gino Augusto de Oliveir, André Bueno y Bruno José Silva, autores de la acción.
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La fiscalía considera que esa política de precios causó un daño de decenas de millones de reales, lo que junto a la corrupción destapada con la Operación Lava Jato contribuyó a profundizar la crisis financiera que la empresa arrastra hasta la actualidad.
