"La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Cristina Kirchner por asociación ilícita y lavado de activos", informó el Centro de Información Judicial en su página web.
La sala I de la Cámara ratificó además el embargo de 130 millones de pesos (8,4 millones de dólares) contra la exjefa de Estado.
La senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, de este modo, queda más cerca del juicio oral y público en esta causa.
El caso, que comenzó en abril de 2015 y está en manos del juez Claudio Bonadio, investiga el pago de alquileres de los hoteles que pertenecen a la sociedad inmobiliaria familiar Los Sauces a cambio de que supuestamente empresarios afines fueran favorecidos.
El empresario Lázaro Báez fue beneficiado con contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz (sur), donde el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) fue gobernador entre 1991 y 2003.
Cristóbal López y Fabián de Sousa, hasta ahora dueños del Grupo Indalo, que abarca unas 170 sociedades, también recibieron un trato especial de parte del Estado, sumado a las inconsistencias de pagos que les permitió comprar nuevas empresas, según la justicia.
En la actualidad Indalo se encuentra en una grave crisis y debe afrontar el pago de una multimillonaria deuda con el fisco argentino que asciende a 10.000 millones de pesos (571 millones de dólares) entre capital e intereses.
La decisión de la Cámara Federal podrá ser apelada ante la Cámara de Casación, máximo tribunal del fuero penal argentino.
