
La crisis data desde hace aproximadamente 45 años, cuando el Gobierno federal alteró los límites territoriales fijados siglos antes por la corona española, dando inicio a los enfrentamientos entre los indígenas.
"Chalchihuitán y Chenalhó son municipios indígenas descendientes de los mayas que tras una 'legalización' de los títulos de propiedad, el Estado mexicano modificó las dimensiones del municipio de Chalchihuitán, invadiendo así territorio que históricamente pertenecía al pueblo de Chenalhó", explicó Cadenas.
Los de Chalchihuitán entienden que jurídicamente ellos tienen la razón y esa es la base del conflicto, comentó el directivo. "Un conflicto inducido que no ha sido atendido y con enfrentamientos cíclicos", denunció.
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Cadenas Gordillo también aludió al papel del grupo paramilitar responsable de los desplazamientos actuales y que otrora "fuera creado por el Estado mexicano para enfrentar las insurrección del Ejército zapatista con una estrategia de guerra de baja intensidad, aprendida en los Estados Unidos".
Por esta causa, desde el Centro de Derechos Humanos Ku'untik enviaron una carta al gobernador del Estado en la que afirmaron que "Chiapas vive una crisis de violencia y de violaciones a los derechos humanos muy grave que ya ha costado vidas y sufrimiento".
"Por esta situación será recordado como Gobernador", sostiene la misiva dirigida al mandatario del estado, Manuel Velasco Coello. "Urge que usted reaccione, esto ya es grave, pero puede ser peor. (…) desarticule el grupo paramilitar que actúa impune en Chenalhó", agrega.
La carta pide además que el Estado resuelva el conflicto limítrofe de fondo y genere condiciones dignas y seguras para los desplazados. También exige políticas públicas para prevenir que se repitan estos hechos.
Los hombres se han quedado atrincherados en las comunidades protegiendo sus bienes con armas de caza. Al mismo tiempo, hay personas que están incomunicadas en sus propias casas por la falta de accesos.