"Si se trata de porcentajes de normas implementadas (…), se puede concluir que solo se ha cumplido con un 50% de lo pactado" en el acuerdo del 24 de noviembre de 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz en Bogotá, dijo el representante del movimiento Voces de Paz, Jairo Rivera, que representa a la FARC en el Congreso.
Rivera, uno de los seis designados por Voces de Paz para proteger ante el Congreso lo acordado por el Gobierno y la FARC en La Habana, destacó como atenuante que la mayoría de las reformas pactadas en el texto por entonces fueron luego modificadas por decisiones del Congreso.
Cambios
Por ejemplo, el régimen de inhabilidades que aprobó el Senado la pasada semana y que prohíbe que defensores de derechos humanos que hayan abierto causas contra el Estado en los últimos cinco años puedan ser magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal que juzgará a exguerrilleros y agentes estatales que hubieran cometido delitos en el marco del conflicto.
La FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) considera que las modificaciones realizadas al acuerdo son "el comienzo del fin" para la paz en Colombia, ya que habilitan la posibilidad de que los exguerrilleros sean juzgados por la justicia ordinaria y extraditados, mientras excluyen a "los terceros civiles y a agentes del Estado no combatientes" sobre quienes pesan graves responsabilidades de crímenes en el conflicto armado.
"Lo que está sucediendo con la JEP deja completamente desarticulado el acuerdo de paz", sentenció Rivera.
Preincorporación
Londoño, director del Centro de Análisis y Asuntos Públicos, resaltó que lograr ese paso en un año "es un gran desafío para el Gobierno, que mal que bien avanza en ese campo", si se tiene en cuenta que la disuelta guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) contaba con 11.816 integrantes, entre combatientes, militantes presos y milicianos.
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De esa cantidad, cerca de 7.000 combatientes dejaron las armas, unos 520 no se acogieron al Acuerdo de Paz y pasaron a integrar grupos disidentes en 41 municipios del país, aunque organismos internacionales cifran en cerca de 1.000 los guerrilleros que desertaron por desacuerdos con lo pactado.
Tierras
Para Rivera, uno de los temas menos implementado es el relacionado con la reforma rural integral, la columna vertebral del acuerdo, pues busca cerrar el conflicto en el campo, una de las causas que derivaron en la guerra iniciada en 1964.
"Desde la firma de la paz no hubo una sola norma de la reforma rural integral que pasara por el Congreso, no hubo ley de tierras, que era la promesa más importante de la reforma en el contexto de producir un nuevo ordenamiento de la propiedad para redistribuir las tierras en un país donde hay excesiva concentración de riqueza", precisó Rivera.
Asesinatos
Para las autoridades se cometieron 54 asesinatos y varios de ellos fueron hechos aislados, no relacionados con el posconflicto.
"Los muertos han aparecido en las regiones donde históricamente ha habido grupos al margen de la ley que amenazan a las comunidades, por lo que no se trata de hechos aislados como asegura el Gobierno", replicó Rivera.
Durante ese periodo también fueron asesinados al menos 23 exguerrilleros, a quienes el Estado debían garantizar protección personal que no ha cumplido, acotó Rivera.
Cultivos ilícitos
Londoño observó que la erradicación de cultivos ilícitos es un tema pendiente, pero que el incremento no se puede atribuir a la firma de la paz.
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"Hace solo unos años no era posible erradicar cultivos debido al enfrentamiento que había con las FARC, pero ahora que no lo hay es mucho más factible que el Estado tenga presencia y sean beneficiosos los programas de sustitución de cultivos", dijo Londoño a Sputnik.
Los errores
A juicio de las fuentes consultadas por Sputnik el incumplimiento del Gobierno en la implementación de la paz un año después obedece, básicamente, a dos aspectos importantes: la coincidencia con época preelectoral y la necesidad de sortear las dificultades que planteadas por la oposición al acuerdo de paz.
"No cabe duda de que la implementación ha sido más difícil de lo esperado por el Gobierno en el Legislativo, pero eso se explica por la coincidencia con la época preelectoral, que era lo que debía haberse evitado, ya que los senadores empiezan a ver qué les sirve para hacerse reelegir y dejan de restarle impulso a la paz", dijo Londoño.
El Gobierno de Juan Manuel Santos tiene hasta el 30 de noviembre para impulsar en el Congreso la implementación de varias normas del Acuerdo de Paz a través de la vía rápida, pues a partir de entonces las normas que no hayan sido aprobadas deberán seguir su curso normal, con la posibilidad de que varias puedan marchitarse o rechazarse.
