"La Oficina Anticorrupción pidió la elevación a juicio de la ex presidenta Cristina Fernández", informó la OA en un comunicado.
La OA, dependiente de la jefatura de gabinete del Gobierno, cuestionó 51 adjudicaciones viales por valor de casi 46.000 millones de pesos (2.630 millones de dólares) en Santa Cruz.
"La sumatoria de las penas de los hechos llega al máximo previsto por el Código Penal: 50 años", señaló el organismo que dirige Laura Alonso, y que ha sido cuestionado por parcialidad a favor del Gobierno.
La exmandataria es considerada responsable de un "entramado delictivo" que convirtió a un empleado bancario, Lázaro Báez, "en empresario de la construcción, de modo tal de poder ser adjudicatario de las contrataciones de infraestructura del Estado" a través de su compañía Austral Construcciones, añadió la OA en su comunicado.
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La OA, querellante en esta causa, también pidió el juicio del exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, del exsecretario de Obras Públicas, José López, y de Báez, ya detenidos, y otros dos funcionarios.
Con el fallo de Casación, queda abierto el camino para que se realice el juicio oral y público contra la expresidenta, que está acusada de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada.
El dueño de Austral fue el principal beneficiario en las obras públicas que se realizaron en la provincia de Santa Cruz durante el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y durante los dos siguientes de Fernández.