“Rafecas remitió sus respuestas al juez Bonadío”, informaron a Sputnik fuentes judiciales.
Rafecas ratificó sus afirmaciones, aunque matizó que no le constaba cuáles eran las organizaciones financiadas por la embajada de Irán.
El juez tuvo que responder en total a ocho preguntas.
Confirmación de Bonadío
En paralelo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dejó firme al juez Bonadío en este expediente que tiene imputadas a 15 personas, entre ellas Fernández de Kirchner.
El instrumento a través del cual trató supuestamente de proteger a los iraníes, según Bonadío, fue el Memorando de Entendimiento firmado en 2013 entre Buenos Aires y Teherán.
Ese documento, que no llegó a entrar en vigor porque no fue ratificado por el parlamento iraní y fue declarado inconstitucional por la justicia argentina, buscaba una solución al conflicto con Irán y avanzar en la investigación a través de una comisión internacional de juristas y de un mecanismo para que el magistrado que seguía el caso en Argentina pudiera interrogar a los iraníes acusados.
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Sobre estas personas pendían pedidos de captura internacional que Argentina solicitó a Interpol y que nunca fueron levantados.
Estos fueron los argumentos que expresó la exmandataria la semana pasada al prestar declaración indagatoria ante el juez Bonadío.
El fiscal Alberto Nisman, que entre 2005 y 2015 tuvo a su cargo la pesquisa del atentado a la AMIA, fue quien dio origen a esta causa a partir de una denuncia que presentó cuatro días antes de aparecer sin vida en su vivienda de Buenos Aires, el 18 de enero de 2015.
El juez federal Rafecas había rechazado en 2016 investigar la denuncia de Nisman, y lo mismo hicieron dos instancias posteriores en la Cámara Federal y en la Cámara de Casación, la máxima autoridad del fuero penal.
Pero a finales de diciembre del año pasado, después de que apelara una de las organizaciones judías más importantes del país, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), el mismo alto tribunal decidió reactivar la denuncia y el caso quedó en manos de Bonadío.
