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Máximo tribunal penal de Argentina confirma procesamiento de la expresidenta Fernández

© AFP 2023 / John ThysCristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina
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BUENOS AIRES (Sputnik) — La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirmó el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en una causa que investiga si utilizó proyectos de obra pública en la provincia de Santa Cruz (sur) para beneficiar al empresario detenido Lázaro Báez.

"Casación dejó en firme el procesamiento contra Fernández", informaron a Sputnik fuentes judiciales.

La sala IV del alto tribunal confirmó la misma medida con respecto a Báez.

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Además, ratificó el embargo de 10.000 millones de pesos (571 millones de dólares) de bienes de la exmandataria que había dispuesto en diciembre de 2016 el juez federal Sebastián Ercolini, y que confirmó, en una segunda instancia, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (conocida como Cámara Federal).

En su resolución de seis páginas, Casación rechazó tres recursos de quejas, dos de ellos presentados por la defensa de Lázaro Báez, y un tercero por los abogados de la exjefa de Estado.

Los mismos cuestionaron la decisión de la Cámara Federal de confirmar el procesamiento y embargo de su clienta y  pidieron la nulidad del proceso por la intervención de más de un fiscal durante la investigación.

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En la causa se investiga una estructura paralela destinada a sustraer fondos de las arcas públicas a través de la asignación de proyectos de obras viales en Santa Cruz a favor del grupo Austral Construcciones, perteneciente al empresario Lázaro Báez, por más de 46.000 millones de pesos (2.628 millones de dólares).

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En este expediente también se encuentran procesados el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, detenido desde la semana pasada en el marco de otra causa, y el exsecretario de Obras Públicas, José López, también bajo arresto.

Con el fallo de Casación, queda abierto el camino para que se realice el juicio oral y público contra la expresidenta, que está acusada de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada.

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El dueño de Austral fue el principal beneficiario en las obras públicas que se realizaron en la provincia de Santa Cruz durante el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y durante los dos siguientes de Fernández.

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