"Las detenciones arbitrarias a migrantes pueden ser causales de expulsión", advirtió la institución en un comunicado del 30 de octubre.
La CAREF presentó en febrero, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales y al Colectivo por la Diversidad, un recurso para que la justicia anulase y declarase inconstitucional ese decreto firmado por el mandatario en enero de este año.
De este modo, se constató la vigencia del decreto 70/2017 que modificó la Ley de Migraciones de 2003, restringió el ingreso al país y aceleró la deportación de extranjeros con condenas privativas de libertad o con antecedentes penales.
El decreto, que no ha sido refrendado en el Congreso, "prevé la expulsión de migrantes en períodos sumamente cortos por tener causas penales abiertas —sin necesidad de que exista condena—, no importa si se trata de delitos menores o graves", alertó la CAREF.
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La población inmigrante puede resultar así sujeta a causas penales "injustificadas", al exponer a los extranjeros "a la posibilidad de expulsiones basadas en delitos como la resistencia a la autoridad", dice el comunicado.
El decreto de Macri fue examinado en febrero por una comisión bilateral del Congreso, que no consiguió emitir un dictamen sobre su validez.
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El Parlamento deberá en algún momento dictaminar si aprueba o no el decreto presidencial, que solo será desestimado si tanto la Cámara de Diputados como el Senado se oponen a él.