"Me dirijo al señor presidente de la república a fin de presentar mi renuncia, con efectos a partir del 31 de diciembre del corriente año", señala la misiva a la que accedió Sputnik.
La jefa de los fiscales, que asumió en agosto de 2012, durante la gestión de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), se adelantó a cualquier acción del Gobierno argentino, que buscaba su cese por considerarla afín a la gestión anterior,
"A esta altura de los acontecimientos estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo denuncia en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal", señaló la procuradora en su carta al presidente argentino.
Gils Carbó había afirmado en varias ocasiones que no pensaba renunciar a su cargo, de modo que su dimisión constituye una sorpresa dentro del ámbito judicial.
El pasado 13 de octubre, un juez federal, Julián Ercolini procesó por presunta administración fraudulenta a la procuradora general por supuestas irregularidades en la compra de un edificio en 2013 para el organismo que dirige.
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La Ley del Ministerio Público estipula que el titular del Ministerio Público Fiscal sólo puede ser cesado a través de un juicio político en el Congreso, aunque al declarar inconstitucional un artículo de esa normativa, un juez argentino avaló hace unos días la posibilidad de cesar a la Procuradora General de la Nación sin necesidad de pasar por el Parlamento.
Caso Odebrecht
La procuradora trabajó junto a sus pares de América Latina en el intercambio de información por el caso Odebrecht que ha salpicado tanto al kirchenirsmo como a los allegados a Macri.
En uno de los expedientes están involucrados quien fuera ministro de varias carteras de la expresidenta Fernández, Julio de Vido, actualmente con prisión preventiva, pero en los otros se vincula al primo de Macri, Ángelo Calcaterra, y al director general de la Agencia Federal de Inteligencia y amigo íntimo del actual mandatario argentino, Gustavo Arribas.
Odebrecht dio sobornos millonarios a altos funcionarios de varios países latinoamericanos para hacerse con al menos 100 proyectos de infraestructura pública en los últimos años, los cuales le representaron cerca de 12.000 millones de dólares en beneficios.
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Según las declaraciones de los directivos, las coimas en Argentina se otorgaron entre 2007 y 2014.
