Desde que Ígor Dodon, un político conocido por su voluntad de estrechar lazos con Rusia, asumió la Presidencia de Moldavia a finales de 2016, el país vive inmerso en una crisis política permanente.
Los partidos proeuropeos cuentan con una mayoría en el Parlamento y eso hace que el presidente discrepe habitualmente de las decisiones tomadas por los diputados.
Uno de los primeros decretos firmados por el mandatario moldavo fue la destitución del entonces ministro de Defensa, Anatol Salaru, al que acusó de buscar la unión entre Moldavia y Rumanía, además de ser un corrupto y 'coquetear' con la OTAN.
El 17 de octubre, los jueces del tribunal —cuya mayoría también tiene nacionalidad rumana— fallaron que Dodon "está temporalmente incapacitado" para desempeñarse como presidente del país y otorgaron el poder al presidente del Parlamento moldavo.
"Dicho y hecho. El 24 de octubre el presidente de la asamblea, Adrián Candu, asumió los poderes del presidente y firmó el decreto para nombrar a Eugen Sturza como ministro de Defensa", escribe el columnista de Lenta.ru.
"Para Dodon los últimos acontecimientos no solo han sido una derrota política, sino también una humillación personal", agregó Karamzín.
El presidente moldavo ya ha llamado a sus partidarios a movilizarse para forzar la disolución del Parlamento y la celebración de elecciones anticipadas.
Karamzín pone de relieve que muchos expertos dudan de que Dodon sea capaz de movilizar a sus votantes. A pesar de que el presidente sigue gozando de un buen índice popularidad, la mayoría de su electorado vive en pequeñas aldeas, lejos de la capital. Estos ciudadanos son mayoritariamente personas mayores, así que parece poco probable que se impliquen activamente en grandes movilizaciones.
Mientras tanto, los oponentes de Dodon siguen trabajando para deponer al presidente. El Partido Liberal moldavo ya ha empezado a recoger firmas para promover un 'impeachment'.
"Lo más interesante es que el proceso de destitución [de un presidente] no está recogido en la Carta Magna del país, pero teniendo en cuenta las posturas en el Parlamento y la composición del Tribunal Constitucional, este 'problema' puede ser resuelto rápidamente", concluyó el autor.