La asambleísta oficialista y exministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, explicó el 23 de octubre a los medios que las protestas serán "en contra de haberse apartado de nuestro plan de Gobierno" y "por no estar de acuerdo en las preguntas donde, insisto, se trata de dejar debilitada la institucionalidad política del país".
Específicamente, se refiere a las preguntas que plantean derogar la reelección indefinida de las autoridades de elección popular y cesar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en sus funciones.
La parlamentaria oficialista Doris Solís cree que "la [pregunta] más grave es la del Consejo de Participación Ciudadana [CPC]", pues "aparte de inconstitucional es el intento de un golpe de Estado blando porque sustituye un Consejo, que ha sido electo por concurso, por una comisión transitoria nombrada por el presidente de la República, con plenos para intervenir sobre las diferentes entidades del Estado".
El CPC está encargado de designar, a través de concursos de méritos, a las principales autoridades de control del Estado como procurador, contralor y fiscal.
Lea más: Corte Constitucional de Ecuador admite pedido de consulta popular para reformar leyes
A decir de Solís, los aliados a Correa tienen "la claridad jurídica y política" para saber que "esas preguntas son inviables y exigimos a la Corte Constitucional (CC) que actúe en derecho".
A decir de Patiño, la inquietud que plantea eliminar la reelección indefinida "intenta que el pueblo ecuatoriano pierda su libertad para elegir a quienes quiera para sus autoridades", mientras que la del cese del Consejo de Participación "es tomarse por asalto todas las instituciones del Estado, sin límite".
Al momento, la CC estudia el pedido de consulta popular presentado por el mandatario el 2 de octubre y que contiene siete preguntas, se espera que emita una resolución en los próximos días.
Más aquí: Presidente de Ecuador consultará sobre reelección indefinida acuñada por Rafael Correa
Luego de ello, el jefe de Estado deberá emitir un decreto ejecutivo con el que se convoque a las elecciones para que después el Consejo Nacional Electoral lo oficialice.