El convenio entró en vigor desde el momento de su firma el 13 de septiembre de 2017, regirá durante cinco años y se prorrogará automáticamente por este mismo plazo si ninguna de las partes anuncia con medio año de antelación el deseo de abandonarlo.
"Las partes efectuarán la cooperación militar-técnica en los siguientes derroteros: suministro de armas y otro material militar para las necesidades de defensa y seguridad del Estado (…), la explotación, reparación y modernización de productos militares (…), la formación de especialistas en los respectivos centros docentes", dice el documento.
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También señala que ninguna de las partes podrá revender las armas suministradas ni las tecnologías de su fabricación sin conseguir previamente del suministrador su aceptación escrita, al mismo tiempo indica que el suministrador del arma tiene el derecho a verificar que se use con fines declarados.


