"La procuradora Gils Carbó fue procesada por la compra de un inmueble", informaron a Sputnik fuentes judiciales
En su extensa resolución, el juez le impuso a Gils Carbó un embargo de 7 millones de pesos (400.000 dólares) por las "acciones ardidosas" en las que incurrió la funcionaria.
El fallo dio por cierto "un complejo plan orientado a adquirir directamente" para el Ministerio Público Fiscal, un edificio en el centro de la capital argentina bajo la "simulación engañosa de una licitación pública".
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"Los actos de ejecución de la maniobra desarrollada, enmarcada en la administración y cuidado de bienes pecuniarios pertenecientes al Estado, habría sido realizada cuanto menos entre el 17 de diciembre de 2012 y el 15 de julio de 2013, (…) con la intervención dolosa de diversas personas, con roles diferenciados; con abuso de poder; con aprovechamiento —para dar apariencia de legitimidad al acto general— de los canales administrativos", describe el fallo.
Procesamientos
El magistrado procesó además a otras cuatro personas.
También fue procesado Adrián González Fische, ejecutivo de Arfinsa, compañía vendedora del edificio, que pagó en concepto 8 millones de pesos (1,4 millones de dólares de aquel entonces) a una inmobiliaria que pertenece a Bárbara Jaureguiberry, también procesada, la cual, a su vez, destinó una parte a Thill.
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La justicia entiende que Thill avisó de antemano a la inmobiliaria sobre la licitación pública que iba a producirse para que luego se beneficiaran quienes cobraron comisiones.
Defensa y contexto
En defensa de la procuradora, el abogado Alejandro Rúa señaló que "está probado que Alejandra Gils Carbó no cobró ni se benefició por esta operación, ya que no ingresó dinero a su patrimonio por fuera del salario que como funcionaria judicial de carrera percibe en su cuenta sueldo desde hace 30 años".
El progreso de esta causa tiene lugar mientras el Gobierno de Mauricio Macri ha manifestado su interés de remover a Gils Carbó.
La fiscal, quien asumió su cargo en agosto de 2012 durante la gestión de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), advirtió que emprendería acciones legales si el Ejecutivo proseguía en su intento de destituirla.
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La titular del Ministerio Público Fiscal solo puede ser cesada a través de un juicio político en el Congreso, según la Ley del Ministerio Público.