“A nombre del Estado ecuatoriano, les pido perdón por el daño que sufrieron a manos de Gobiernos autoritarios y a manos de las mal llamadas y supuestas democracias en las que el terror estaba institucionalizado”, señaló el presidente Lenín Moreno durante una ceremonia que tuvo lugar en el palacio presidencial.
El otro acuerdo suscrito correspondió a torturas cometidas en 1985 por agentes de la Policía Nacional contra militantes del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo.
Estos casos son parte de los 118 que fueron documentados por la Comisión de la Verdad, que investigó, por orden del expresidente Rafael Correa, graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad perpetrados entre 1984 y 2008.
En total, la comisión documentó afectaciones a 456 víctimas, de las cuales se identificaron 429 ecuatorianas, 21 colombianas y las demás de otras nacionalidades.
“El mayor número de violaciones ocurrió durante el Gobierno de León Febres Cordero, entre 1984 y 1988”, que dejó “310 víctimas, que representan 68% del total”, agregó el mandatario.
Asimismo, explicó que estas violaciones “sistemáticas” a los derechos humanos “fueron ejecutadas por oficinas clandestinas que operaron completamente al margen de la ley” y detalló que a partir del informe de la Comisión de la Verdad se crearon leyes para reparar a los afectados.
“Podemos luchar para garantizar que nunca más un ser humano sea torturado en Ecuador, debemos sancionar hechos como estos, su recuerdo sirve para que no se cometa de nuevo estas aberraciones”, puntualizó el mandatario.
Durante el Gobierno del actual presidente y desde junio de 2017, el Ministerio de Justicia ha alcanzado 32 acuerdos indemnizatorios, a los cuales se suman otros cinco que se firmaron en el Gobierno anterior, antes del 24 de mayo de 2017.
Ecuador cuenta con una Ley de Reparación de Víctimas desde el 13 de diciembre de 2013, y creó además el Programa de Reparación a cargo de la Defensoría del Pueblo.
Según las autoridades, la indemnización a las víctimas comprenderá los daños materiales e inmateriales justificados en el proceso de negociación.
El Ministerio de Justicia notificará para efectos del pago el contenido del acuerdo al Ministerio de Finanzas a fin de que concrete el resarcimiento de los daños a las víctimas.