"La masacre perpetrada por la policía el 5 de octubre, en la vereda Puerto Rico del municipio de Tumaco, es una grave afrenta al cese al fuego acordado con el Gobierno, cuyo objetivo primordial es mejorar la situación humanitaria de la población", señaló el ELN en un comunicado publicado en su página web.
En el comunicado, el ELN (última guerrilla activa en Colombia) consideró que la masacre muestra "cómo las armas del Estado siguen colocándose al servicio de las políticas del Estado y las clases dominantes", y previó que de seguir esa situación "no será posible avanzar hacia una nueva realidad en el país".
"La voz cantante de la amenaza la dio (el presidente de Estados Unidos, Donadl) Trump el 13 septiembre, cuando gritó que si no hay 'progresos significativos' en la erradicación de cultivo de coca, colocaría a Colombia en la lista de los Estados fallidos, incapaces de controlar el tráfico de cocaína".
El ELN agregó que "un detalle no tan menor es que Trump confesó que no había incluido al país en tal lista porque la Policía y las Fuerzas Armadas son 'socios estrechos de los EEUU para mantener la seguridad en el hemisferio', y porque ellas 'han reiniciado la erradicación, reducida significativamente desde 2013'".
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Según versiones de los campesinos, los policías dispararon contra los manifestantes a quemarropa, lo que causó la muerte de seis de ellos y heridas a al menos una veintena más.
La policía, por su parte, sostuvo que los hechos fueron responsabilidad de una facción disidente de la antigua guerrilla de las FARC, que incitó a los campesinos a formar el cordón humanitario y que luego disparó contra los agentes y los campesinos y lanzó cilindros de gas a modo de morteros.
Sin embargo, los cultivadores negaron que en el momento de los hechos hubiera disidentes de las FARC y argumentaron que ninguno de los policías resultó herido o muerto, al contrario de lo que ocurrió con los campesinos.
