Como resultado. el Gobierno español aprobó en su Consejo de Ministros un decreto ley que facilitará la movilidad de empresas y su salida de Cataluña, si así lo desean.
Cataluña celebró un referéndum el 1 de octubre para decidir la independencia de la región, acción que el Gobierno español consideró 'ilegal' e 'inconstitucional'.
