El exmandatario, quien es buscado por la justicia de EEUU, realizó en 2007 una operación de compra por unos 900.000 dólares de un terreno de 1.600 hectáreas, "localizadas en el Puerto Industrial de Altamira y que pertenecen en realidad al patrimonio del estado", dijo la procuraduría en un comunicado.
Además de la empresa mencionada, en la operación ilegal de compra-venta, participó la compañía Materiales y Construcción Villa de Aguayo, propiedad de Fernando Cano Martínez, presunto testaferro del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, predecesor del detenido, ambos políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenece el presidente Enrique Peña Nieto.
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Yarrington fue arrestado en Florencia, Italia, en abril pasado, tras permanecer prófugo desde 2012 por lavado de dinero y narcotráfico.
La Administración para el Control de Drogas de EEUU (DEA, según sus siglas en inglés) acusó a Hernández en 2015 ante la Corte Federal del Distrito Sur, en Texas (sur de EEUU) de lavar al menos 30 millones de dólares del narcotráfico, tras una investigación que comenzó en 2008, cuando todavía ostentaba el cargo de gobernador.
El de 21 agosto pasado, la fiscalía anticorrupción de Tamaulipas citó al exlíder político oficialista a declarar, pero tramitó un amparo judicial ante un juez de la Ciudad de México, para evitar cualquier detención y mantenía sus derechos como militante del PRI.
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Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas logró una orden judicial de detención en su contra que ejecutó este viernes.
Buscado por EEUU
El Departamento de Justicia de EEUU detectó en 2008 que Hernández Flores "lavaba dinero obtenido del Cartel del Golfo a cambio de que le permitiera seguir con sus negocios ilícitos en el estado".
La acusación la corte federal de Texas, publicada meses después, indica que el exgobernador y su cuñado, comenzaron a lavar dinero y a realizar transacciones financieras ilegales a partir del 1 de enero de 2008.
El fiscal federal del caso, Kenneth Magidson, señaló en aquella ocasión que los acusados "con conocimiento de las ilegalidades, realizaron transacciones que involucraron ganancias específicas procedentes de actividades criminales, llevaron a cabo transferencias ilegales de dinero procedente de negocios ilícitos aun sabiendo el origen de todo ello".
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El arresto ocurre luego de que fue arrestado en Panamá el 6 de junio pasado, el político mexicano del PRI Roberto Borge, quien gobernó el estado mexicano de Quintana Roo de 2011 a 2016, quien era buscado por lavado de dinero.
Otros políticos que llegaron al poder por el PRI han enfrentado procesos por corrupción, entre quienes destaca Humberto Moreira de Coahuila (2005-2011), quien fue presidente del partido gobernante durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
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Durante la campaña electoral de 2012, Peña Nieto dijo que los gobernadores de Chihuahua, Veracruz, y de Quintana Roo, eran "el más claro ejemplo de la nueva generación de jóvenes actores políticos del PRI".
Guillermo Padrés, exgobernador del norteño estado de Sonora (2009-2015), fronterizo con Arizona, EEUU, militante del opositor Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha), se entregó a justicia tras permanecer prófugo dos meses, acusado de enriquecimiento ilícito por unos 8,8 millones de dólares.
