"Los cambios propuestos a la ley estatutaria haría inocua la JEP y clavaría estocada profunda a la parte esencial del Acuerdo" de paz de La Habana, señaló en su cuenta de Twitter el exguerrillero Rodrigo Granda, quien ahora es uno de los líderes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
Según el propio Gobierno, hubo acuerdo en seis de los diez puntos que fueron cuestionados por el fiscal general, relacionados con cuáles serán las competencias de la JEP y cuáles las de la justicia ordinaria en materia de disidentes, reincidentes y desertores.
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Según señaló Martínez al término de la reunión el 4 de octubre, "ha quedado claro" que los disidentes de esa agrupación "no quedan en el régimen de la justicia para la paz y, como es apenas natural, no tendrán ninguno de sus beneficios", al igual que los reincidentes.
Las modificaciones al acuerdo también fueron cuestionadas este 5 de octubre por Rodrigo Londoño, 'Timochenko', máximo líder de la FARC, quien señaló en Twitter que en la JEP los amigos del fiscal general "tendrán que aclarar y responder por participación en el conflicto".
Por su parte, el exjefe negociador de paz de esa agrupación, 'Iván Márquez', subrayó en esa red social que "cambiar los acuerdos de La Habana es desconocer obligaciones internacionales de Colombia derivadas del depósito de estos ante ONU y Suiza".
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Las FARC dejaron de existir como guerrilla el pasado 1 de septiembre, cuando lanzaron de manera oficial su nuevo partido político, por lo que en adelante buscará consolidar alianzas con diferentes movimientos políticos del país para participar en las elecciones legislativas y presidenciales de 2018 en Colombia.