"Mi vida corre peligro, me van a torturar y me van a introducir drogas para obtener información relacionada con Rusia", dijo Levashov durante la vista de extradición, celebrada en la Audiencia Nacional de Madrid.
En diversos medios de comunicación se publicaron informaciones que apuntan a que Levashov es reclamado por Estados Unidos como posible autor del ataque a servidores del Partido Demócrata para influir en las elecciones generales de 2016.
El Ministerio Fiscal —que se mostró favorable a entregar al informático— destacó durante la vista que la demanda de extradición no hace ninguna mención sobre el hackeo electoral, mientras que la defensa apuntó a una serie de indicios que le llevan a pensar que ese es el motivo último de la reclamación.
Durante la vista, la defensa aseguró que Levashov tiene una formación militar que le permite conocer secretos sobre la Defensa rusa y que, además, trabajó para Rusia Unida recopilando información sobre otros partidos políticos, por lo que también podría conocer secretos sobre el partido de Gobierno ruso.
El pasado 20 de septiembre la Federación Rusa reclamó también al Ministerio de Asuntos Exteriores de España la extradición de Levashov, aunque por el momento se desconoce qué delitos le atribuyen.
"Dos de las mayores potencias del mundo buscan al mismo sujeto, ¿de verdad nos tenemos que creer que esto es sólo por delitos informáticos?", aseguró durante la vista el letrado Albert Carles Subirats, representante de Levashov.
Los representantes del informático destacaron que, si bien la demanda de extradición no menciona el asunto del supuesto hackeo electoral, una parte de la documentación remitida por el FBI sí dice que entre los afectados pudo haber ordenadores de autoridades estadounidenses, lo que indica la posibilidad de un futuro proceso por esa cuestión.
En su argumentación final, la fiscal rechazó los motivos expuestos por la defensa para oponerse a la extradición ya que, a su modo de ver, no hay indicios suficientes sobre la concurrencia de motivos políticos, el individuo está correctamente identificado y España no tiene en marcha ningún tipo de investigación a nivel nacional —al menos que se sepa— sobre los hechos atribuidos a Levashov.
Tras la vista, la decisión sobre el posible envío a EEUU de Levashov corresponde a la Audiencia Nacional, aunque la petición de extradición por parte de Rusia hace que, si ambas son consideradas pertinentes, sea el Gobierno quien deba decidir en Consejo de Ministros cuál prevalece.
