El 21 de agosto de 2017 Evo convocó un acto en Casa de Gobierno para imponer en el cargo a los cinco integrantes de la Comisión. A un mes de ese anuncio, ya se definió presupuesto, lugar y metodología de trabajo, como así también la contratación inicial de 15 técnicos para desarrollar las distintas actividades.
La noticia fue muy bien recibida desde la sociedad civil, aunque Ruth Llanos, presidenta la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional, advirtió que generó expectativas y removió el dolor acumulado. En este sentido dijo que "será necesario que la Comisión incorpore un servicio de apoyo sicológico" para que víctimas y familiares estén contenidos.
"Este tema se fue ocultando durante décadas y en Bolivia los centros mineros han sido muy perseguidos. A veces la propia sociedad trata de olvidarlo un poco porque sino sería una sociedad renegada y autodestructiva… en Bolivia por lo menos las heridas se las va superando de manera colectiva también", apuntó Heredia.