De esta manera, los representantes catalanes pueden evitar las multas de entre 6.000 y 12.000 euros diarios que el Tribunal Constitucional impuso (TC) el 20 1 de septiembre a varios miembros de esta junta electoral.
En total, son 22 miembros de la sindicatura electoral los que presentaron su renuncia a fin de impedir las sanciones.
Entre ellos destaca Josep Maria Jové, uno de los altos cargos detenidos en los operativos policiales contra el referéndum del pasado 20 de septiembre, que hasta este 22 de septiembre mantuvo el puesto secretario general de Economia del Gobierno catalán.
Según la Cadena SER, la renuncia del resto de integrantes de la sindicatura electoral responde a los mismos motivos, sobre todo habida cuenta de que sus trabajos de supervisión del referéndum se dan por "finalizados" desde el Gobierno catalán.