"El día de hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá notificó al señor Roberto Borge Angulo la resolución de fecha 15 de septiembre del año en curso, a través de la cual concedió al gobierno de México la extradición internacional de dicha persona", de un comunicado conjunto de las dos dependencias federales.
La extradición tiene el objetivo de que el político enfrente procesos penales en su contra por delitos presuntamente cometidos cuando se desempeñó como gobernador del estado de Quintana Roo, donde se localizan los principales destinos de playa de México en el Caribe como Cancún y la Riviera Maya.
Borge es acusado por el Congreso local por uso de 50 millones de dólares de recursos públicos y propiedades.
El Gobierno de México agradeció a las autoridades panameñas "todo su esfuerzo y colaboración para dar trámite, atención y resolución a las solicitudes que presentó" para arrestar y extraditar al exfuncionario.
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Según la investigaciones, el gobernante compró a través de prestanombres propiedades hasta un 10% de su valor real en playas caribeñas mexicanas y la flota de la empresa Barcos del Caribe.
El Gobierno de México expresó su decisión de "realizar las acciones que sean necesarias para abatir los espacios de impunidad en beneficio de los mexicanos, buscando con ello la aplicación de la ley con objetividad e imparcialidad".
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Varios gobernadores han huido de México después de terminar sus mandatos, acusados por corrupción, los más recientes Tomás Yarrington, exgobernador del estado de Tamaulipas (noreste), prófugo desde 2012 por lavado de dinero y narcotráfico y arrestado en Italia el 10 de abril, y Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, detenido el 16 de abril en Guatemala y extraditado posteriormente.
César Duarte, priista que gobernó Chihuahua (2010-2016), sin parentesco con el anterior, también es señalado por 300 millones de dólares de peculado.
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Guillermo Padrés, exgobernador del norteño estado de Sonora (2009-2015) y militante del opositor Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha), se entregó a justicia tras permanecer prófugo dos meses, acusado de enriquecimiento ilícito por unos 8,8 millones de dólares y fue liberado en abril bajo fianza.
