"Hemos preparado un análisis de los estándares de la CPI, sobre esa base vamos a recibir informes por escrito y a expertos convocados (…) Vamos a evaluar si los crímenes denunciados pueden ser considerados parte de un ataque masivo o sistemático a la población civil", dijo Luis Moreno Ocampo, exfiscal jefe de la Corte, al iniciar la audiencia, transmitida en vivo por la página web de la OEA.
Venezuela "ratificó el Estatuto de Roma (que dio origen a la CPI) en diciembre de 2002, fue el primer país sudamericano en hacerlo, lideró el movimiento en Sudamérica", recordó.
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El primero en presentar un reporte en la audiencia fue Julio Henríquez, del Foro Penal Venezolano, organización no gubernamental dedicada a la asistencia de víctimas de violaciones a los derechos humanos.
En Venezuela hay "una política de Estado que perfeccionó el delito de persecución, y en ese marco ocurren otros delitos específicos, encarcelación o privación de la libertad física, asesinatos, torturas y violencia sexual", denunció Henríquez.
La situación en Venezuela se ha agravado desde el inicio en abril de una serie de protestas opositoras, que derivaron en confusión y hechos de violencia, y dejaron 124 muertos y miles de detenidos.
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El Gobierno de Nicolás Maduro responsabiliza a la oposición por las muertes y asegura que los cuerpos de seguridad han respondido con un uso "legal, proporcionado y diferenciado" de la fuerza para la "contención física" de los manifestantes.
Asimismo, ha subrayado que jamás se ha autorizado el uso de armas de fuego contra ellos.
