"El nivel de indignación llegó al máximo; ahora el Congreso quiere retractarse de los decretos aprobados, pero ya quedaron develadas las intenciones de la impunidad y la corrupción, donde tanto el presidente (Jimmy Morales) como el Congreso y el organismo judicial son parte del problema", señaló Mack, quien interpuso junto al abogado Alfonso Carrillo un amparo en la Corte Constitucional contra las reformas.
Además, se reduce la pena por financiación ilegal de un máximo de 12 años a 10, abriendo la posibilidad de que la pena sea conmutada por una multa.
También interpusieron amparos en la Corte Constitucional el procurador de los derechos humanos de Guatemala, Jordán Rodas Andrade, el exdiputado Aníbal García, la organización Acción Ciudadana y la agrupación Somos, informa el diario Prensa Libre.
"La Corte de Constitucionalidad ya ha convocado a los magistrados para empezar a resolver el caso de los amparos, y estamos a la espera de ver qué pasa", dijo a esta agencia activista y presidenta de la Fundación Mirna Mack, que promueve la lucha contra la impunidad y la consolidación de la paz y la democracia.
"Las acciones de ayer del Congreso mostraron un total movimiento en impunidad y un abuso al Estado y a la dignidad", dijo a Sputnik la integrante de la plataforma ciudadana Justicia Ya, Briseida Milián, quien aseguró que muchos colectivos y organizaciones están convocando acciones y manifestaciones para el 14 y el 15 de septiembre, día en que se celebra la independencia.
El 11 de septiembre, el Congreso había rechazado el pedido de levantar la inmunidad a Morales para que pueda ser investigado por la presunta financiación ilegal de su campaña electoral de 2015, tal y como pedían el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig).
