Al revisar las cuentas públicas de 2013 y 2014, los dos organismos independientes "detectaron contratos ilegales por 7.670 millones de pesos [430 millones de dólares] y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3.433 millones [190 millones de dólares]".
Los fondos públicos fueron entregados a 186 empresas, "pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen", dice el informe final presentado en los informativos de televisión la noche del 4 de setiembre.
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La secretaría federal de Desarrollo Social, que encabeza Rosario Robles, el Banco Nacional de Obras, cuyo titular es Alfredo del Mazo, y la estatal Petróleos Mexicanos, en la gestión de Emilio Lozoya (diciembre 2012, febrero 2016) son las tres principales dependencias mencionadas como responsables de este mecanismo.
Auditor Federal avala el hallazgo
"Sí, es un fraude", dijo el titular de la Auditoría Superior de la Federación [ASF], Juan Manuel Portal, a los investigadores en un video que forma parte del expediente difundido.
Los titulares de cada dependencia federal involucrada "son los responsables, aunque no hayan firmado los convenios que se emplearon para desviar los recursos públicos; es un claro acto de corrupción", dijo el alto funcionario a MCCI y Animal Político.
Solo por triangular los recursos, las universidades cobraron 1.000 millones de pesos (56 millones de dólares) de "comisión", aunque no hayan dado ningún servicio.
La ASF ya había advertido, desde 2013, que las dependencias violaban la ley al contratar a las universidades para hacer servicios que no pueden cumplir y para los que debían subcontratar a diferentes empresas.
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Un total de 15 denuncias sobre este esquema ilegal han sido presentadas por el auditor superior ante la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) por el desvío de recursos públicos, "sin embargo, el Gobierno federal ha seguido utilizando el mismo esquema".
El resultado: 3.433 millones de pesos "se desviaron a empresas fantasma, que no hicieron el trabajo para el que fueron contratadas"
"Ese es un modus operandi, en el que las empresas que se prestaron igual para recibir parte del dinero y facturar, emitir los recibos correspondientes y ya, pero sin evidencia de que tuvieran el conocimiento ni la experiencia para llevar a cabo servicios", dijo el auditor superior federal.
Se trata de "una simulación de servicios muy burda no solo para el desvío de dinero, sino para la desaparición de recursos públicos", puntualizó.
Portal advirtió que los secretarios de Estado no pueden argumentar "que no vieron nada".
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No obstante, en el Código Penal mexicano, añadió, es necesario tipificar el delito de omisión para que la responsabilidad judicial alcance a los titulares de las dependencias.